La Contraloría General del Estado eliminó desde el 27 de junio la emisión de informes previos de pertinencia y favorabilidad en los procesos de contratación pública, una medida que, según una exsubcontralora, debilita el control preventivo y expone al Estado a mayores riesgos de corrupción e irregularidades.

Estos informes cumplían una función clave al analizar y validar técnicamente los contratos antes de su aprobación, lo que permitía detectar posibles inconsistencias o favoritismos. Su eliminación representa, a juicio de la exfuncionaria, un retroceso institucional que afecta la transparencia y la fiscalización efectiva en la administración pública.

La exsubcontralora advirtió que sin estos filtros técnicos, aumenta la vulnerabilidad en los procesos de compras estatales, facilitando errores, sobrecostos y prácticas irregulares que podrían pasar desapercibidas hasta después de ejecutados los contratos.

Este cambio en el procedimiento administrativo ha generado preocupación en sectores que defienden la integridad del gasto público y la lucha contra la corrupción, ya que se pierde una herramienta preventiva clave para garantizar la correcta utilización de los recursos del Estado.

La Contraloría, por su parte, no ha emitido hasta el momento una respuesta oficial que explique los motivos de esta decisión ni las medidas que implementará para mitigar los riesgos derivados de la eliminación de los informes previos.