La implementación de una nueva tasa de fiscalización minera y la reapertura del catastro minero, promovidas por el Gobierno Nacional, han generado un fuerte rechazo en diversos sectores del ámbito minero, tanto de gran escala como de pequeña minería. En el programa Vera a su manera, expertos y actores del sector advirtieron que estas medidas, lejos de solucionar problemas estructurales, podrían agravar la conflictividad y la informalidad.

Según explicó Stevie Gamboa, abogado experto en derecho minero y socio de Pino Alizalde, la fórmula para calcular la nueva tasa se basa en el número de hectáreas concesionadas, con tarifas que van desde el 3% hasta el 100% de un salario básico por hectárea. Esto podría significar pagos anuales millonarios para empresas que aún no generan ingresos, pues se encuentran en etapa de exploración. “Una empresa con 40.000 hectáreas podría tener que pagar hasta 20 millones de dólares por año, sin haber extraído un solo gramo de mineral”, denunció.

Por su parte, Franklín Soria, director de la Agencia Prensa Minera, alertó sobre la inequidad de la medida: “No se puede exigir lo mismo a la pequeña minería, que genera empleo local y tiene recursos limitados, que a las grandes mineras extranjeras”. Además, advirtió que los fondos recaudados —estimados en más de 220 millones de dólares— estarían destinados a la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom), una entidad cuestionada por su ineficiencia y escándalos de corrupción. “Ni siquiera se ha transparentado en qué se van a gastar esos recursos”, agregó.

Soria reveló que durante una reunión reciente, el director de Arcom pretendió imponer la tasa sin diálogo, lo que provocó el retiro masivo de representantes del sector minero. “Fue un acto unilateral y autoritario”, señaló.

Uno de los puntos más polémicos fue el destino de los fondos. Según documentos internos, Arcom prevé gastar 22 millones de dólares al año en drones, con precios unitarios inflados —hasta 146.000 dólares por dron—, cuando en el mercado esos equipos pueden costar entre 3.000 y 4.300 dólares. “Esto huele a sobreprecio y despilfarro”, enfatizó Gamboa.

Además, se denunció que la nueva tasa no contempla a las plantas de beneficio, instalaciones que procesan el material aurífero, muchas veces vinculado a minería ilegal. “Es una omisión grave, porque estas plantas están contaminando y operan sin control real”, alertó Soria.

Sobre la reapertura del catastro minero, los expertos coincidieron en que, aunque necesaria para ordenar el sector y frenar la minería ilegal, debe estar acompañada de procesos de consulta previa y consulta ambiental, especialmente en zonas con presencia de comunidades indígenas o ecosistemas frágiles. “No puede usarse como un mecanismo para legalizar lo ilegal”, dijo el abogado ambientalista Fred Larriate.

Finalmente, los especialistas reconocieron que el plan del presidente Daniel Noboa para establecer una refinería de oro en el país podría tener impactos positivos si se evita la exportación en bruto y se garantiza transparencia, pero advirtieron que sin una reforma integral del sistema de regulación y control, el riesgo de corrupción e ineficiencia seguirá latente.