El presidente Daniel Noboa confirmó que Ecuador mantiene conversaciones con países europeos para permitir el establecimiento de una base militar extranjera en territorio nacional, como parte de la estrategia gubernamental para enfrentar el crimen organizado y el narcotráfico.

Esta iniciativa surge tras la reciente reforma constitucional que elimina la prohibición absoluta de bases militares extranjeras en Ecuador, aunque el texto reafirma que el país es un “territorio de paz”. Para su implementación, el proyecto debe pasar por un referendo popular, según lo establecido por la legislación vigente.

Noboa explicó que la posible base militar no implicaría un despliegue masivo de tropas, sino la presencia de fuerzas especiales que brindarán apoyo en tareas de inteligencia y operaciones conjuntas en las zonas con mayor incidencia delictiva.

La medida ha generado debate político y social, con sectores que advierten riesgos para la soberanía nacional y la autonomía del país. Organizaciones regionales como ALBA han expresado su rechazo, señalando que la presencia militar extranjera podría abrir la puerta a la injerencia externa.

Analistas constitucionales recuerdan que cualquier acuerdo militar internacional debe contar con la aprobación de la Asamblea Nacional y un dictamen favorable de la Corte Constitucional antes de avanzar hacia el referendo.

Mientras el Gobierno busca consolidar apoyos internacionales para reforzar la seguridad interna, la discusión pública se centra en el equilibrio entre la necesidad de combatir el crimen y preservar la independencia y el control nacional sobre las fuerzas armadas.

Este anuncio marca un giro significativo en la política de defensa ecuatoriana y anticipa una etapa de negociaciones diplomáticas y políticas que definirán el futuro del país en materia de cooperación militar extranjera.