En medio del creciente señalamiento público hacia jueces por la liberación de presuntos delincuentes, Luis Dávila, representante legal y vocero de la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces, defendió este jueves la labor de los operadores judiciales y cuestionó lo que calificó como una “cacería de brujas” impulsada por autoridades y medios de comunicación.

“La función del juez es técnica, no política. No se puede generalizar ni satanizar a toda la judicatura por casos puntuales, por más escandalosos que sean”, advirtió Dávila en entrevista con Contacto Directo. Aunque reconoció que hay fallos judiciales cuestionables, insistió en que las decisiones deben evaluarse con base en evidencias, no en presión mediática.

El vocero judicial recordó que el Consejo de la Judicatura ha sancionado a cerca de 100 funcionarios judiciales en el último año, incluidos 50 jueces relacionados con los casos Metástasis, Purga y Plaga. A su juicio, eso demuestra que sí existen mecanismos internos para depurar el sistema, aunque muchas veces las autoridades políticas “no presentan denuncias formales, pese a sus críticas públicas”.

Sobre la Ley de Integridad Pública, que ya rige tras su publicación en el Registro Oficial, Dávila alertó que el llamado “marco de emergencia judicial” puede vulnerar la independencia judicial. “Estamos de acuerdo en que se necesita financiamiento, evaluaciones y nombramientos, pero el concepto de emergencia no es constitucional. Esta crisis se arrastra desde 2017, no es un hecho repentino”, explicó.

Según datos que citó, el sistema judicial ha sufrido una desinversión de 80 millones de dólares en los últimos años, por lo que —afirmó— no se puede hablar de una emergencia coyuntural. “La solución no está en decretar emergencia, sino en que el Ejecutivo asigne los recursos que siempre debió entregar”, recalcó.

Dávila también mostró preocupación por las medidas que permiten evaluaciones anticipadas e intempestivas a jueces y fiscales, ya que podrían usarse —advirtió— como herramienta de presión política. “Ya ha pasado antes: se remueve a unos para colocar a otros más cercanos al poder”, dijo.

En cuanto a la seguridad de los operadores de justicia, el vocero reconoció que los actuales esquemas de protección “son débiles e ineficientes”, tanto para jueces como para ciudadanos. “Se necesitan protocolos específicos y protección real para quienes están más expuestos, como los jueces penales. No se puede normalizar el riesgo”, concluyó.