En la política ecuatoriana cada cierto tiempo revivimos los mismos debates intentando darles un aire renovado, aunque siempre terminan en lo mismo: la ambición de concentrar poder. Esta vez, ADN decidió reabrir el tema del sistema de repartición de escaños, aprobando en la Asamblea —con votos del correísmo y Pachakutik— una reforma que oficializa nuevamente al método D’Hondt.
Lo primero que debe entenderse es que estas fórmulas no son buenas ni malas por sí mismas. Son herramientas dentro del diseño institucional que buscan cumplir ciertos principios, como la proporcionalidad en la asignación de escaños, en contraposición a sistemas de mayoría.
El método D’Hondt tiende a favorecer a las organizaciones más votadas, lo cual, en teoría, facilita la gobernabilidad. En contraste, métodos como Saint-Laguë (también llamado Webster), utilizado en Ecuador en las elecciones de febrero, o el cociente de Hare (empleado en la Constituyente de 2008), permiten una distribución más favorable para partidos pequeños, asignando escaños con menos votos.
Sin embargo, en Ecuador, el debate sobre estos métodos rara vez se basa en principios. Se ha usado como herramienta política para beneficiar a quienes están en el poder. La primera gran discusión fue en 2004, cuando el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el método D’Hondt por no garantizar la proporcionalidad. Aun así, el correísmo lo instauró durante el gobierno de Correa, pese a su discurso a favor de la inclusión política y contra la “partidocracia”. Fue ese método el que ayudó a consolidar su hegemonía en la Asamblea, y ésta a su vez permitió al correísmo consolidar su poder en otras instancias del Estado.
Hoy, es el partido de Daniel Noboa quien impulsa este sistema, aunque varios de sus hoy aliados – de Pachakutik y movimientos locales – no habrían llegado al cargo bajo esa fórmula. Ni siquiera el propio Noboa habría obtenido una curul en 2021 si D’Hondt hubiera estado vigente entonces.
Esto solo confirma que, una vez más, nuestra clase política no tiene reparo en modificar las reglas del juego democrático según su conveniencia, priorizando la concentración de poder sobre la solución de los problemas urgentes del país. El problema no es el método en sí, es su uso selectivo para evitar tener que mostrar resultados tangibles para obtener poder. Y mientras lo sigamos permitiendo como país, seguiremos soportando estos vaivenes entre quienes tienen poder, y quienes quieren obtenerlo.
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