El camino legal de varias de las leyes más importantes impulsadas por el presidente Daniel Noboa comienza a complicarse. La Corte Constitucional ha recibido en las últimas semanas múltiples demandas de inconstitucionalidad contra normativas aprobadas por la Asamblea bajo el régimen de urgencia económica, lo que ha encendido alertas en sectores políticos y jurídicos del país.

Las principales acciones legales se dirigen contra la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional, aprobada el pasado 6 de junio y publicada cuatro días después en el Registro Oficial. Esta norma ha sido fuertemente cuestionada por organizaciones sociales y partidos de oposición, que alegan que otorga facultades excesivas al Ejecutivo, vulnera principios constitucionales y restringe derechos fundamentales.

Una de las demandas más recientes fue presentada por la Unidad Popular. Su dirigente, Geovanni Atarihuana, advirtió que la ley concentra el poder en manos del Presidente, abre la puerta a detenciones arbitrarias y podría utilizarse como herramienta de persecución política. La organización sostiene que el texto legal “rompe el equilibrio democrático” y “socava garantías ciudadanas consagradas en la Constitución”.

Antes, el abogado Gabriel Salvador había presentado una acción similar, en la que detalla al menos siete presuntas infracciones constitucionales, entre ellas la falta de unidad de materia, la creación de atribuciones no previstas para el Ejecutivo y la posibilidad de otorgar indultos de forma diferida.

Además, se conoce que están en preparación otras demandas contra la Ley de Inteligencia y la Ley de Integridad Pública, también aprobadas recientemente por la Asamblea Nacional. Los críticos sostienen que estos cuerpos legales permiten prácticas de vigilancia sin el debido control judicial y habilitan mecanismos que podrían debilitar el principio de transparencia estatal.

La Corte Constitucional deberá ahora analizar la admisibilidad de cada una de estas acciones y, posteriormente, pronunciarse sobre el fondo de las controversias. Si encuentra vicios de forma o de fondo, podrá suspender provisionalmente o declarar la inconstitucionalidad total o parcial de las leyes en cuestión.

Este escenario marca un nuevo capítulo en la tensión entre el Ejecutivo y distintos sectores sociales y políticos. Para varios analistas, lo que está en juego no es solo el contenido de las leyes, sino el respeto al procedimiento legislativo y al equilibrio de poderes en el país.