Una reforma incluida en la Ley de Integridad Pública ordena que ciertas cooperativas de ahorro y crédito se conviertan en bancos privados, bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Bancos. La medida, que debe ser regulada en un plazo de 90 días por la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria, apunta a proteger los depósitos de los ciudadanos y prevenir riesgos sistémicos en el sector financiero.

Patricio Chanabá, director ejecutivo de la Asociación de Instituciones de Microfinanzas, explicó en Ecuavisa que esta disposición responde a una preocupación de larga data por parte de los reguladores y al llamado del Fondo Monetario Internacional para fortalecer los controles en el sistema financiero no bancario.

“La medida reconoce un problema real: desde hace años se aplican normas más laxas al sector cooperativo, especialmente en lo relacionado con la gestión de riesgos de crédito”, sostuvo Chanabá. Según explicó, a raíz de una “malinterpretación” del marco constitucional y legal vigente desde 2014, las cooperativas quedaron al margen de exigencias regulatorias clave que sí rigen para la banca tradicional, como metodologías de evaluación de crédito o estándares de solvencia.

El riesgo, según Chanabá, no está en la liquidez actual del sistema –las cooperativas incluso superan en algunos indicadores a los bancos–, sino en que esta debilidad regulatoria podría desencadenar efectos negativos a futuro. “La supervisión financiera tiene un principio clave: la prevención. Y esta reforma busca corregir inequidades antes de que se materialicen en crisis”, afirmó.

Aunque el Ejecutivo no incluyó esta propuesta en el proyecto original, fue añadida por la Asamblea y, al no haber sido vetada, se entiende que cuenta con respaldo político del Gobierno. Según el representante gremial, se espera que la medida aplique principalmente a las cooperativas más grandes, cuya operación y tamaño ya se asemejan a los de una entidad bancaria. Entre ellas estarían, por ejemplo, la cooperativa de la Policía Nacional o la 29 de Octubre, aunque Chanabá evitó confirmar nombres específicos.

Uno de los efectos prácticos de esta transformación será que los socios de las cooperativas convertidas en bancos dejarán de ser considerados copropietarios y pasarán a ser clientes. Además, desaparecerán algunos costos adicionales que hoy se aplican en el otorgamiento de créditos en el sistema cooperativo, y que no están sujetos a control por parte del Banco Central.