La Contraloría General del Estado confirmó que, desde el 27 de junio de 2025, dejará de emitir el informe de pertinencia y favorabilidad que antes era obligatorio para aprobar los procesos de contratación pública.
Este cambio responde a la derogatoria del artículo 22.1 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y a la reforma del artículo 18.1 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, ambos modificados por la reciente Ley Orgánica de Integridad Pública, promulgada el 24 de junio.
La entidad aclaró que los procesos iniciados antes del 27 de junio mantendrán la exigencia de este informe, pero a partir de esa fecha ya no será requisito para avanzar en los trámites contractuales.
Pese a esta eliminación, la Contraloría ratificó que seguirá ejerciendo sus funciones de control y fiscalización posterior para garantizar la correcta administración de los recursos públicos y evitar actos de corrupción.
Este ajuste normativo busca agilizar los procesos de contratación estatal sin perder transparencia ni supervisión, en línea con los esfuerzos del Ejecutivo por fortalecer la integridad pública y la eficiencia en el manejo de fondos públicos.
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