La captura de José Adolfo Macías, alias Fito, ha sido celebrada como una victoria del Estado ecuatoriano. Pero más allá de los anuncios triunfalistas del Gobierno, el proceso de extradición a Estados Unidos recién comienza, y no está libre de obstáculos ni de riesgos jurídicos, advirtió el abogado constitucionalista José Chalco.

“Esto es una buena noticia para el país, pero hay que hacerlo bien”, dijo Chalco en entrevista con Teleamazonas, subrayando que el trámite no es automático y que dependerá de un minucioso cumplimiento de tratados, leyes y garantías procesales.

Explicó que Estados Unidos debe formalizar la solicitud, sustentarla con documentación legal sobre las causas penales vigentes, y enviar el pedido vía diplomática. El Gobierno ecuatoriano, por medio de Cancillería, deberá verificar que todo cumpla con los tratados de extradición suscritos entre ambos países. Luego, la pelota pasa al presidente de la Corte Nacional de Justicia, quien decidirá si se inicia el proceso formal.

Si Fito acepta ser extraditado, el proceso podría resolverse en tres o cuatro meses. Pero si se opone, todo podría alargarse con recursos, apelaciones y estrategias legales. “Hay jurisprudencia clara y mecanismos para la extradición pasiva, pero también hay filtros constitucionales como la doble tipicidad, la no prescripción de delitos y el debido proceso”, explicó Chalco.

El presidente Daniel Noboa ya anunció el inicio del trámite, pero cualquier paso en falso podría enredar el proceso y debilitar la imagen de fuerza que se ha querido proyectar. “Este caso debe marcar un precedente sano para depurar al Ecuador del crimen organizado. Pero si se politiza o se improvisa, corremos el riesgo de que termine en un nuevo fiasco judicial”, alertó Chalco.

Las causas judiciales por las que alias ‘Fito’ podría ser extraditado a EEUU

En otro orden de ideas, Chalco mostró reparos más profundos con respecto a la ley de integridad pública aprobada por la Asamblea. Si bien consideró que muchas de sus reformas son necesarias —como las que apuntan a mejorar la contratación pública o reforzar la transparencia—, advirtió que el paquete legal mezcla temas que no tienen conexión clara entre sí, lo que podría violar la Constitución.

“Hablar de integridad pública está bien. Pero incluir en la misma ley reformas al COIP, a movilidad humana, a transporte terrestre, a temas judiciales y hasta tributarios, es un exceso. Se les fue la mano”, sentenció.

La Corte Constitucional, recordó, ha sido enfática en que las leyes económicas urgentes deben respetar la unidad de materia, algo que, en este caso, no estaría claramente sustentado.

Uno de los puntos más polémicos, según Chalco, es la inclusión de una figura que permitiría el ingreso de jueces temporales a través de un “procedimiento expedito”, sin establecer en la ley cuál sería ese procedimiento. Esto, advirtió, choca con el artículo 228 de la Constitución, que exige concursos públicos de méritos y oposición para ingresar al servicio público.

“No se puede improvisar con la justicia. No se pueden crear figuras a conveniencia, y menos aún desde un Consejo de la Judicatura que ni siquiera está completo”, indicó.