La Ley de Integridad Pública, una de las propuestas emblemáticas del Gobierno de Daniel Noboa, entró oficialmente en vigencia tras su publicación en el Registro Oficial el 26 de junio. La norma fue tramitada como urgente en materia económica y contiene reformas sustanciales en al menos 20 cuerpos legales, que van desde el sistema de contratación pública hasta el régimen penal aplicable a adolescentes.

Aprobada con 84 votos a favor en el Pleno de la Asamblea, la ley fue ampliada en el último tramo del debate legislativo. Originalmente centrada en medidas anticorrupción, terminó incluyendo artículos que impactan la justicia penal, el funcionamiento del Consejo de la Judicatura, el sistema tributario y el sector financiero popular y solidario.

Entre los cambios más polémicos está el endurecimiento de las penas para adolescentes infractores. La ley establece sanciones de hasta 15 años de privación de libertad para menores que participen en delitos ligados al crimen organizado. Además, permite reducir la pena si el infractor colabora con las autoridades identificando a sus reclutadores. Esta modificación ha generado fuertes críticas por parte de organismos internacionales como Unicef, que advierten una posible vulneración de derechos y retrocesos en materia de protección infantil.

Otra disposición relevante es la facultad otorgada al Consejo de la Judicatura para declarar la emergencia en la Función Judicial, con lo cual podrá contratar jueces y personal bajo un régimen excepcional, reasignar fondos y acelerar procesos administrativos. Esta medida busca hacer frente a la crisis operativa que enfrenta el sistema judicial por falta de personal, infraestructura y recursos tecnológicos.

En el ámbito económico, la ley también incluye una remisión tributaria que beneficiará únicamente a deudas con el Servicio de Rentas Internas. Asimismo, se autoriza a algunas cooperativas de ahorro y crédito a transformarse en bancos, siempre que cumplan con los requisitos de la Superintendencia de Bancos.

Desde la oposición, legisladores de la Revolución Ciudadana han criticado la ley por violar el principio de unidad de materia y alertan que varios artículos podrían ser impugnados ante la Corte Constitucional. No obstante, el Ejecutivo ha defendido el contenido de la norma como parte de una estrategia integral para combatir la corrupción y fortalecer la institucionalidad.

A partir de su publicación, el presidente Noboa cuenta con un plazo de 30 días para promulgar u objetar el texto. De no hacerlo, la ley quedará en firme automáticamente.