La recaptura de José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, cabecilla de la organización criminal Los Choneros, ha sido presentada por el Gobierno como un golpe contundente al crimen organizado. El hecho fue confirmado por el presidente Daniel Noboa, quien además adelantó que se ha iniciado el proceso para su extradición a Estados Unidos. Pero, mientras se refuerza el discurso de mano dura contra las mafias, la Asamblea aprobó cambios en el sistema de justicia que han encendido alertas entre expertos constitucionalistas.

El abogado André Benavides advirtió que la Ley de Integridad Pública, que incluye reformas al Código Orgánico de la Función Judicial, presenta vicios de forma por haber incluido temas que no guardan relación con el objeto original del proyecto enviado por el Ejecutivo. “Se ha violentado el principio de unidad de materia, lo que podría hacer inconstitucional a la norma”, señaló.

Benavides fue más allá al cuestionar las nuevas atribuciones otorgadas al Consejo de la Judicatura. La ley le permite declarar emergencia en la función judicial sin establecer límites claros ni causas objetivas, y habilita el ingreso de jueces mediante un régimen “expedito”, sin garantías de estabilidad laboral ni concursos públicos. “Estamos ante el riesgo de tener jueces golondrina, designados a dedo, sin carrera judicial y bajo criterio político”, advirtió.

El temor no es menor si se considera que esta reforma también permite la destitución anticipada de jueces y fiscales que modifiquen medidas en casos de delincuencia organizada. Para Benavides, esto podría usarse como herramienta para remover a funcionarios incómodos para el poder de turno. Recordó que evaluaciones arbitrarias, como las realizadas en 2019 a la Corte Nacional, ya generaron demandas e indemnizaciones al Estado.