La ministra del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, Inés Manzano, informó ante la Asamblea Nacional que existen 796 alertas activas por minería ilegal en distintas zonas del país. El dato fue presentado durante una comparecencia ante la Comisión de Biodiversidad, en la que la funcionaria advirtió sobre la magnitud del problema y sus vínculos con el crimen organizado.

Manzano señaló que la minería ilegal no solo representa una grave amenaza para los ecosistemas y las fuentes hídricas, sino que también se ha convertido en una fuente de financiamiento para estructuras delictivas. Por ello, aseguró que el Ejecutivo trabaja en una estrategia integral para combatir esta actividad ilícita.

Entre las medidas anunciadas se incluye la reactivación del Comité Nacional de Integridad del Sector Minero (CONIM), que estará conformado por varias entidades de control, entre ellas la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (ARCERNNR), la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y la Fiscalía General del Estado.

Además, la ministra adelantó que se prevé la implementación de una tasa minera, cuyos recursos estarían destinados exclusivamente a fortalecer la fiscalización y promover prácticas sostenibles en el sector. También mencionó que se trabaja en la depuración del catastro minero para evitar irregularidades y detectar concesiones inactivas o explotaciones sin permiso.

Durante su intervención, Manzano destacó que los operativos contra la minería ilegal ya se han desplegado en al menos 16 provincias, con resultados positivos en zonas críticas como la Amazonía y áreas protegidas. Afirmó que el Gobierno del presidente Daniel Noboa tiene como prioridad detener la expansión de esta actividad, que ha generado impactos sociales, económicos y ambientales.

Desde el Legislativo, varios asambleístas respaldaron la necesidad de una política clara y firme frente a la minería ilegal, pero también exigieron mayor transparencia en la gestión de concesiones legales y en los procesos de fiscalización ambiental.