La Ley de Integridad Pública, ya vigente en Ecuador, introduce una de las reformas penales juveniles más severas en la historia reciente del país. A partir de ahora, adolescentes involucrados en delitos graves asociados al crimen organizado podrán enfrentar condenas de hasta 15 años de privación de libertad, sin posibilidad de acceder a regímenes abiertos o semiabiertos.

El cambio legal fue aprobado por la Asamblea Nacional el 24 de junio, con 84 votos a favor, en el marco del tratamiento urgente de esta ley enviada por el Ejecutivo. Dos días después, el texto fue publicado en el Registro Oficial, quedando en plena vigencia.

Entre las principales modificaciones al Código de la Niñez y Adolescencia está el endurecimiento del internamiento institucional para menores que cometan delitos como narcotráfico, homicidio, terrorismo, delincuencia organizada o trata de personas. Anteriormente, la pena máxima para adolescentes era de ocho años.

El nuevo marco jurídico permite ampliar el encierro hasta 15 años, siempre que se demuestre la participación del menor dentro de estructuras del crimen organizado. Además, contempla una reducción de hasta el 50 % de la pena para quienes colaboren con la justicia e identifiquen a sus reclutadores.

Desde el oficialismo, la asambleísta Valentina Centeno defendió la medida señalando que busca frenar el uso de jóvenes como “carne de cañón” por parte de mafias y bandas narcodelictivas. Sin embargo, el articulado ha generado fuertes críticas a nivel nacional e internacional.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) rechazó la reforma por considerarla regresiva y contraria a los principios de rehabilitación que deben regir el sistema penal juvenil. Además, advirtió que podría vulnerar derechos consagrados en la Constitución ecuatoriana y en tratados internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño.

Desde la oposición también hubo cuestionamientos. Legisladores de la Revolución Ciudadana y Pachakutik señalaron que incluir este tipo de sanciones dentro de una ley tramitada como económica urgente constituye un “abuso del procedimiento legislativo” y podría ser impugnado ante la Corte Constitucional.

La reforma se enmarca en un contexto de creciente violencia en el país, donde organizaciones criminales reclutan a menores para tareas vinculadas al narcotráfico, sicariato y extorsión. No obstante, especialistas en derechos humanos insisten en que el enfoque punitivo por sí solo no resolverá el problema estructural de la inseguridad ni el reclutamiento infantil.