La Ley de Integridad Pública, impulsada por el Ejecutivo y aprobada por la Asamblea con 83 votos afirmativos, se convirtió en una reforma masiva que modifica 19 cuerpos legales y que, para sus detractores, bordea los límites constitucionales. Sin embargo, para Adrián Castro, asambleísta oficialista de ADN, esta es una herramienta necesaria para combatir la corrupción, la ineficiencia estatal y la violencia criminal.

“Aquí no venimos a proteger derechos de sicarios. El principal derecho humano es el derecho a vivir”, dijo en entrevista con Ecuavisa.

El proyecto ingresó como una iniciativa para mejorar la contratación pública. Sin embargo, durante su paso por la Asamblea, terminó reformando desde la Ley de Movilidad Humana hasta el Código Orgánico Integral Penal (COIP), incluyendo normas que afectan a jueces, fiscales, menores infractores y servidores públicos.

“En la Asamblea no solo recibimos el texto del Ejecutivo, también incluimos aportes de bancadas, juristas y sociedad civil”, explicó Castro. “Terminamos construyendo una ley que responde al clamor ciudadano por seguridad, justicia y eficiencia”.

Expulsión de extranjeros y penas más duras para menores infractores

Uno de los artículos más comentados es el que permite expulsar a extranjeros presos por delitos. “Tenemos más de 3.200 delincuentes extranjeros en nuestras cárceles, que le cuestan al Estado 4 millones de dólares al año y ocupan 500 militares. Eso tiene que cambiar”, afirmó.

También se aprobaron sanciones más severas para adolescentes que cometen delitos graves, como el sicariato. Castro no dudó en responder a las críticas de organismos como UNICEF, que consideran esta reforma regresiva: “Los que salen a disparar no preguntan cuántos años tienes. Si actúan como adultos, que paguen como adultos. A esos jóvenes los están usando como carne de cañón”.

La ley, además, incluye evaluaciones semestrales a empleados públicos, con posibilidad de desvinculación si no cumplen con los indicadores de eficiencia. “Esto no es una cacería. Es una forma de mejorar el servicio público. El ciudadano está cansado de trámites lentos y mal trato. Quien no sirve, se va”.

Finalmente, a quienes hablan de populismo punitivo, respondió sin rodeos: “Esta ley no protege criminales ni funcionarios mediocres. Protege a los ciudadanos que quieren vivir en paz. Si eso incomoda a algunos, es porque estaban muy cómodos con el caos”.