La Asamblea Nacional aprobó la Ley Orgánica de Integridad Pública, una normativa impulsada por el Gobierno que busca establecer nuevas reglas de control ético y rendición de cuentas para las funciones del Estado, en especial para el Consejo de la Judicatura.

Con 87 votos afirmativos, el Legislativo dio paso a esta ley que había sido presentada por el Ejecutivo como parte de sus propuestas de reforma institucional. Uno de los cambios más destacados es la facultad que ahora tendrá la Asamblea para calificar el incumplimiento de funciones por parte de los vocales del Consejo de la Judicatura, lo que podría derivar en su eventual destitución.

La ley crea el Sistema de Integridad Pública, que estará compuesto por las cinco funciones del Estado. Entre sus objetivos están la prevención de actos de corrupción, la promoción de la ética pública y la consolidación de mecanismos de transparencia. También se plantea la elaboración de un Código de Ética que regirá la actuación de servidores públicos y altos funcionarios.

Durante el debate, varios legisladores advirtieron que el articulado aprobado podría alterar el equilibrio entre funciones del Estado, otorgando a la Asamblea una injerencia directa sobre el órgano de gobierno de la Función Judicial. Sin embargo, otros asambleístas defendieron la propuesta señalando que se trata de una herramienta para garantizar mayor vigilancia institucional y frenar posibles abusos de poder.

La normativa también establece mecanismos para la declaración juramentada de intereses, el fortalecimiento de las veedurías ciudadanas y la creación de comités de integridad en cada función del Estado. Estos comités deberán emitir reportes semestrales de cumplimiento y serán coordinados por una Secretaría Técnica.

Se prevé que el presidente Daniel Noboa envíe observaciones al texto aprobado, aunque desde el Ejecutivo se ha mostrado respaldo general a los objetivos de la ley. Analistas advierten que algunas de las disposiciones podrían enfrentar cuestionamientos constitucionales.