El proceso para renovar el Consejo de la Judicatura lleva más de siete meses estancado. Así lo reconoció este lunes el consejero Gonzalo Albán, del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), en una entrevista en Ecuavisa.

Albán confirmó que la renovación no avanza porque aún no se han recibido las ternas completas de todas las funciones del Estado. Aunque ya hay propuestas de algunas entidades, la Asamblea Nacional y el Ejecutivo aún no envían sus listas definitivas. “Podríamos haber empezado revisando requisitos y perfiles, pero el pleno decidió esperar a que lleguen todas las ternas”, explicó.

Esto ha prolongado un escenario delicado: el Consejo de la Judicatura sigue funcionando con solo tres de sus cinco vocales, prorrogados en sus funciones. Basta que uno se ausente o sea destituido para que el organismo quede inoperativo. “Eso sería gravísimo para el país. Estamos hablando de afectar la institucionalidad de la justicia en un momento crítico”, alertó el consejero.

Otro proceso clave que tiene sobre los hombros el CPCCS es la elección de la próxima fiscal general del Estado. Ya se aprobó el reglamento que regirá la selección, pero no sin reparos. Albán, aunque valoró los avances, fue crítico: “El reglamento no es perfecto. Se pudo hacer más para garantizar la calidad de los postulantes”.

Cuestionó, por ejemplo, que se otorgue más puntaje a cargos públicos que a la experiencia académica en derecho penal, y rechazó que, en caso de empate, se use un sorteo para definir al ganador. “Eso no mide capacidad. Se debía aplicar otra prueba o evaluación técnica”, dijo.

Un punto polémico del reglamento original fue la prohibición de participar a abogados que hayan defendido casos relacionados con delitos como corrupción. Esta cláusula fue eliminada tras una solicitud de la Federación Nacional de Abogados, en defensa del derecho a la participación.

Sin embargo, Albán cree que esto debió ser compensado con filtros más rigurosos: “Podían incluirse análisis patrimoniales o vínculos con organizaciones políticas. Aun así, el reglamento actual al menos impide que postulen personas procesadas por delitos graves”, aclaró.

La Comisión Ciudadana de Selección que llevará adelante el proceso debería instalarse en julio. Pero Albán no está convencido de que se logre: “Lo veo complejo. Los tiempos no se han cumplido en procesos anteriores. Necesitamos una hoja de ruta clara que dé certezas al ciudadano”, advirtió.