El ministro del Interior, John Reimberg, lanzó una dura crítica al sistema bancario y penitenciario del país tras revelar que personas privadas de libertad con sentencia ejecutoriada estarían utilizando cuentas bancarias para operar redes de extorsión y secuestro desde las cárceles.

En una entrevista con Radio City de Guayaquil, Reimberg expuso su preocupación por la aparente facilidad con la que reclusos acceden a servicios financieros, a pesar de haber sido condenados por delitos graves. “No pueden votar, pero tienen cuenta bancaria. No tiene sentido”, dijo.

Según el ministro, las investigaciones han revelado que presos sentenciados no solo conservan cuentas activas, sino que incluso reportan movimientos inusuales e incrementos patrimoniales, lo que podría evidenciar un sistema paralelo de operaciones ilícitas desde el interior de los centros de reclusión.

Reimberg recordó el caso de José Adolfo Macías, alias ‘Fito’, líder de Los Choneros, quien —según la Policía— controlaba una red de lavado de dinero a través de empresas fachada y cuentas bancarias mientras se encontraba tras las rejas.

“¿Cómo es posible que un preso sentenciado tenga una o más cuentas bancarias con dinero de extorsión o secuestro?”, cuestionó el funcionario, quien señaló que el Gobierno Nacional ha enfocado parte de su estrategia de seguridad en el control del sistema penitenciario, precisamente para cortar los vínculos entre el crimen organizado y las operaciones dentro de las cárceles.

También denunció que el ingreso de artículos prohibidos sigue siendo un problema crítico. Un ejemplo alarmante: el ingreso de un solo teléfono celular puede costar hasta USD 10.000, lo que deja en evidencia la capacidad de corrupción y poder económico de los grupos criminales desde el interior de los centros de detención.

Sobre la reciente fuga de Rolando Gómez, alias ‘Fede’, cabecilla de la banda “Las Águilas”, el ministro confirmó que la investigación está en curso y bajo reserva, pero cuentan con grabaciones de personal penitenciario y miembros de las Fuerzas Armadas que habrían colaborado en la evasión.

También rechazó versiones que señalaban que se habrían pagado USD 1,5 millones en sobornos para facilitar la fuga. Sin embargo, reiteró que alias “Fede” continúa siendo objetivo militar y que el Gobierno mantiene la recompensa de USD 1 millón por información que lleve a su captura.