La Audiencia Nacional de España ha dado luz verde a la extradición de Willian Joffre Alcívar Bautista, alias Negro Willy, considerado el máximo cabecilla de la banda criminal Los Tiguerones, y vinculado directamente con el violento asalto a TC Televisión ocurrido en enero de 2024. Sin embargo, la decisión viene con una fuerte advertencia: Ecuador debe garantizar que sus cárceles no representen una amenaza para su vida.

El tribunal español aceptó entregar al temido líder criminal, acusado de terrorismo por su rol en el ataque transmitido en vivo desde el canal guayaquileño, pero condicionó su extradición a que el Estado ecuatoriano garantice en un plazo de tres meses los derechos fundamentales del detenido en el sistema penitenciario.

No es la primera vez que España accede a su entrega. En mayo, ya había aprobado una solicitud previa por el delito de delincuencia organizada, también con la misma advertencia: no lo enviarán si no se asegura que no morirá o será torturado en una cárcel ecuatoriana.

Lo señalan como el cerebro del ataque a TC Televisión

Según la acusación oficial, el 9 de enero de 2024, durante la transmisión en vivo de un noticiero en Guayaquil, un grupo armado irrumpió violentamente en las instalaciones de TC Televisión. Los delincuentes, que ya fueron sentenciados en Ecuador por terrorismo, actuaban bajo órdenes telefónicas directas de alias Negro Willy, quien desde el exterior coordinaba el asalto en tiempo real.

El tribunal español desestimó por completo los argumentos de la defensa del capo —también conocido como Comandante Willy o La W— que intentó frenar su extradición. Pero dejó en claro que la situación carcelaria en Ecuador sigue siendo motivo de preocupación internacional.

España exige que el Gobierno ecuatoriano adopte las medidas recomendadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para proteger la vida e integridad física de los reclusos. También pide que se evidencie una “normalización” del sistema penitenciario, con base en los informes de los órganos internacionales de derechos humanos.

Si Ecuador no cumple con estas condiciones antes de tres meses, la extradición podría caerse, lo que supondría un fuerte golpe para las investigaciones que buscan desarticular a Los Tiguerones, uno de los grupos criminales más peligrosos del país.