La Corte Suprema de Estados Unidos dio luz verde a la administración de Donald Trump para reanudar las deportaciones de migrantes a países distintos de su lugar de origen, una práctica que había sido bloqueada por un tribunal inferior. La decisión, adoptada este lunes 24 de junio de 2025, generó fuertes críticas entre los sectores defensores de derechos humanos.

Con seis votos a favor y tres en contra, los jueces revocaron temporalmente una orden judicial que obligaba al gobierno a ofrecer a los migrantes una “oportunidad significativa” para advertir sobre los riesgos que enfrentarían si eran deportados a un tercer país.

La medida permite al gobierno de Trump enviar migrantes a Yibuti o Sudán del Sur, donde Estados Unidos mantiene bases militares. Ocho migrantes —provenientes de Myanmar, Cuba, México, Laos, Vietnam y Sudán del Sur— ya fueron enviados en un vuelo a Yibuti, pese a que el juez federal Brian Murphy había prohibido esas deportaciones en abril.

Los migrantes permanecen detenidos en la base militar en Yibuti. Según sus abogados, la mayoría nunca había pisado esos países y enfrentan riesgos de violencia, tortura o incluso muerte si son abandonados allí.

“Premiar la ilegalidad”: dura disensión de las juezas liberales

Las juezas Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson emitieron una disensión contundente. Calificaron la decisión de la Corte como un “grave abuso” que ignora las garantías constitucionales básicas para los solicitantes de asilo.

“Parece que esta Corte prefiere que miles sufran en silencio a que un tribunal se equivoque al proteger sus derechos”, escribió Sotomayor.

La mayoría conservadora no explicó los fundamentos de su decisión, lo que también fue criticado por juristas y organizaciones defensoras de migrantes.

Deportaciones en marcha, críticas en aumento

El Departamento de Seguridad Nacional celebró la decisión y la calificó como una “victoria para la seguridad del pueblo estadounidense”. La portavoz de la agencia fue aún más directa: “¡Que se enciendan los aviones de deportación!”

Sin embargo, la Alianza Nacional de Litigios de Inmigración, que representa a los migrantes detenidos, denunció que la decisión de la Corte expone a personas vulnerables a tortura y muerte. La directora del grupo, Trina Realmuto, calificó el fallo de “horrendo”.

Aunque el fallo desbloquea las deportaciones, el juez Murphy dictó una nueva orden para impedir que los ocho migrantes sean expulsados de Yibuti de inmediato, mientras se evalúan otras medidas judiciales.