El Consejo de la Judicatura (CJ) ha iniciado un proceso de investigación disciplinaria contra los jueces que emitieron fallos a favor de Daniel Salcedo, procesado por corrupción en el sistema de salud pública durante la emergencia sanitaria por COVID-19. La entidad analiza posibles irregularidades en las decisiones judiciales que permitieron al implicado obtener beneficios cuestionados por la opinión pública y por organismos de control.

La presidenta del CJ, Wilman Terán, señaló que se han identificado actuaciones judiciales que podrían constituir faltas disciplinarias graves, motivo por el cual se activaron los mecanismos internos de revisión. “No vamos a permitir que la justicia se utilice para encubrir actos de corrupción o beneficiar indebidamente a quienes enfrentan cargos penales”, aseguró.

Entre los casos analizados se encuentran decisiones que habrían permitido cambios en la medida cautelar de Salcedo o dilataciones en los procesos judiciales en su contra. La Contraloría y la Fiscalía han alertado sobre inconsistencias en estas resoluciones, lo que ha motivado al CJ a revisar las actuaciones de los jueces involucrados.

Daniel Salcedo ha sido uno de los rostros más visibles de los casos de corrupción ocurridos durante la pandemia, y actualmente enfrenta varios procesos por delitos como peculado y lavado de activos. La justicia ecuatoriana le impuso una condena inicial, pero en los últimos meses se han producido decisiones judiciales que han generado dudas sobre la imparcialidad del proceso.

El Consejo de la Judicatura advirtió que, de comprobarse faltas disciplinarias, se aplicarán las sanciones correspondientes, que pueden ir desde la suspensión hasta la destitución de los magistrados implicados. Además, recordó que los jueces están obligados a actuar con independencia, pero también bajo el marco de la ética judicial y el respeto a la ley.

La ciudadanía y organizaciones de la sociedad civil han exigido una investigación a fondo y mayor transparencia en los procesos relacionados con casos emblemáticos de corrupción. El CJ reiteró su compromiso de velar por una administración de justicia responsable, técnica y libre de influencias indebidas.