El cobro del peaje en la autopista General Rumiñahui, que conecta Quito con el valle de Los Chillos, ha desatado una ola de críticas y acciones judiciales por parte de ciudadanos y autoridades locales que cuestionan su legalidad y continuidad.

Diversos colectivos ciudadanos, así como la Prefectura de Pichincha, han expresado su inconformidad ante el contrato de concesión suscrito entre el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) y la empresa concesionaria Hidalgo & Hidalgo. Argumentan que el cobro ya no se justifica debido a que la vía ha sido amortizada y que no existe una base jurídica clara que respalde la permanencia del peaje.

La prefecta de Pichincha, Paola Pabón, reiteró su posición de que el contrato es lesivo para los intereses de la provincia y anunció que se mantienen acciones judiciales para revisar su validez. “Este peaje no beneficia a los quiteños ni a los chillosenses, y lo único que ha generado es una carga económica injustificada”, señaló en declaraciones recientes.

La controversia también ha llegado a la Corte Constitucional, donde se tramita una acción de inconstitucionalidad contra el contrato de concesión. Además, usuarios de la vía han iniciado demandas y pedidos de transparencia sobre los montos recaudados y el destino de los fondos, considerando que no se observan mejoras sustanciales en la infraestructura.

El MTOP, por su parte, ha defendido el acuerdo asegurando que el mantenimiento de la autopista requiere financiamiento sostenido y que el peaje es parte del modelo de gestión establecido. No obstante, no ha aclarado si existen opciones de renegociación o alternativas que respondan a las demandas ciudadanas.

La autopista General Rumiñahui es una de las más transitadas del país, con un flujo diario que supera los 50.000 vehículos. Su importancia estratégica hace que el debate sobre el peaje no solo tenga implicaciones económicas, sino también políticas y sociales, en una zona donde el transporte es vital para la conexión entre la capital y los valles del suroriente.