La Asamblea Nacional aprobó, con 85 votos afirmativos, el proyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública, una normativa que busca fortalecer la transparencia en la gestión estatal y prevenir actos de corrupción en todas las instituciones públicas.

La iniciativa, tramitada en segundo debate, establece un marco normativo para regular la conducta ética de los servidores públicos, mejorar los sistemas de control institucional y promover una cultura de integridad en la administración pública. La normativa también incorpora principios internacionales de lucha contra la corrupción, como la rendición de cuentas, la probidad y la prevención de conflictos de intereses.

Entre los principales ejes de la ley se incluye la creación de mecanismos para la identificación y prevención de riesgos de corrupción, la implementación de planes de integridad en las instituciones del Estado y el fortalecimiento del sistema de denuncias ciudadanas. También se contemplan disposiciones sobre el acceso a la información pública y la protección a quienes denuncien irregularidades.

Durante la votación, varios legisladores destacaron que esta ley es una respuesta a las exigencias ciudadanas por mayor control y transparencia en el manejo de los recursos públicos. La normativa fue impulsada por la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social, y recibió aportes de organismos nacionales e internacionales especializados en lucha anticorrupción.

La ley entrará en vigencia una vez sea publicada en el Registro Oficial. Su aplicación implicará una coordinación entre la Función Ejecutiva, la Contraloría General del Estado y otras entidades de control, que deberán adaptar sus procedimientos a las nuevas disposiciones legales.

Con esta aprobación, la Asamblea Nacional busca enviar una señal clara sobre su compromiso en la lucha contra la corrupción y la promoción de una gestión pública íntegra, en momentos en que la confianza ciudadana en las instituciones enfrenta serios desafíos.