El Consejo de la Judicatura ha destituido a 63 funcionarios del sistema judicial ecuatoriano por estar involucrados en actos de corrupción, como parte de las acciones disciplinarias emprendidas en los últimos tres años para sanear el sistema de justicia.

Entre los sancionados se encuentran jueces, fiscales y secretarios judiciales que habrían incurrido en faltas graves relacionadas con el uso indebido de sus funciones, la emisión de resoluciones irregulares y el favorecimiento a procesados vinculados al crimen organizado.

Wilman Terán, presidente del Consejo de la Judicatura, informó que las medidas aplicadas forman parte de una política de control institucional que busca restaurar la confianza ciudadana en la administración de justicia. Además, indicó que actualmente existen más de 200 procesos disciplinarios en trámite.

En muchos de los casos, las destituciones han estado ligadas a sentencias que beneficiaban a personas procesadas por delitos como narcotráfico, lavado de activos o delincuencia organizada. Estas resoluciones, según las investigaciones internas, habrían sido emitidas sin sustento legal o mediante la manipulación de procedimientos judiciales.

El Consejo ha recalcado que no permitirá la impunidad dentro del sistema judicial y que continuará con las auditorías y seguimientos necesarios para detectar nuevas irregularidades. La institución también ha solicitado la colaboración de la ciudadanía y de otros entes de control para denunciar posibles actos de corrupción.

Organizaciones de la sociedad civil han respaldado las acciones, pero advierten que se requieren reformas estructurales para garantizar la transparencia y la independencia del sistema judicial, ya que los casos actuales serían solo una muestra de un problema más profundo y extendido.