El Gobierno enfrenta una notable reducción en los ingresos petroleros, lo que ha limitado la disponibilidad de recursos para cubrir el presupuesto general del Estado. Según datos del Ministerio de Finanzas, entre enero y abril de este año, las rentas por petróleo alcanzaron los 708 millones de dólares, lo que representa una disminución del 46 % en comparación con el mismo periodo de 2023.

Este descenso está vinculado a varios factores. Uno de los principales es el menor volumen de producción petrolera, que cayó en un 8 % debido a la paralización de varios bloques, especialmente tras la finalización de actividades en el bloque 43-ITT, ubicado en el Yasuní, en cumplimiento del referéndum del año pasado.

A ello se suma una reducción del 4 % en el precio promedio del barril de petróleo. Aunque el crudo ecuatoriano se cotizó en alrededor de 66,1 dólares, este valor es inferior al registrado en los primeros meses del año anterior. Además, se ha incrementado la importación de derivados, especialmente diésel, lo que también ha impactado en las finanzas públicas.

A pesar de esta caída, las autoridades aseguran que el impacto en el flujo de caja no ha sido tan grave como se esperaba, debido a un leve aumento en la recaudación tributaria y a un manejo más prudente del gasto corriente. Sin embargo, se advierte que si la tendencia se mantiene, podría haber ajustes en los desembolsos hacia distintos sectores.

Desde el Ministerio de Finanzas se señaló que se evalúan mecanismos para compensar la pérdida de ingresos petroleros y garantizar el cumplimiento de las obligaciones estatales sin afectar servicios esenciales. Mientras tanto, expertos en economía advierten que la dependencia del petróleo continúa siendo una vulnerabilidad estructural para las finanzas del país.