Es fascinante cómo, en esta era de información omnipresente y avances tecnológicos, cualquier preocupación ambiental o sanitaria se desacredita con etiquetas ideológicas. Al señalar la contaminación del agua o la destrucción de bosques, se es rápidamente reducido a “radical”, “izquierdista” o “enemigo del progreso”. Este mecanismo elude el debate genuino, sirviendo a la preservación de intereses que exceden las disputas retóricas. Ignorar la evidencia no es un accidente intelectual, sino la expresión previsible de prioridades que privilegian beneficios inmediatos por encima de la integridad del entorno y las comunidades.

Somos organismos biológicos profundamente interdependientes de un sistema planetario que regula la vida: el aire que respiramos, ese gas que circula silencioso y vital, y el agua que bebemos, esencial y limitada, no son inventos ideológicos ni lujos prescindibles. Así como los derechos humanos son universales y no dependen de orientaciones políticas, su garantía y el acceso a necesidades básicas y a un ambiente sano requieren políticas claras, no posturas fanáticas o relativismos a conveniencia.

En Ecuador, esta dinámica se manifiesta en la reapertura del catastro minero, un proceso revestido de modernización y formalización que en realidad significa la sistemática entrega de territorios biodiversos a la voracidad extractiva. Menos del 1 % del PIB proviene de la minería, pero sus impactos son devastadores: ríos contaminados, suelos degradados, comunidades desplazadas y una institucionalidad incapaz de controlar la expansión ilegal amparada en la legalidad. El caso del Yasuní es emblemático: una promesa de protección ambiental fue sacrificada ante las presiones económicas, confirmando que la riqueza mineral puede ser una maldición para sus habitantes.

La mayoría confía en que la calamidad es asunto ajeno, hasta que el aire enrarecido y la sed tocan su puerta. Cuando lo esencial falta, el espejismo de neutralidad se rompe y el retroceso se vuelve personal. Aún hay alternativas viables: bioeconomía, ecoturismo científico, energías renovables y agroecología. Avanzar en ellas exige voluntad política y ciudadanía crítica. Elegir el “progreso a cielo abierto” implica decidir qué país dejaremos: uno agotado y perforado, o uno capaz de sostenerse con inteligencia, ética y justicia. Mientras tanto, algunos gestionan el Estado con la tranquilidad de quien sabe que no vivirá entre los escombros.