Los niveles de violencia en Ecuador han forzado el desplazamiento interno de más de 300 mil personas en los últimos dos años, según estimaciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur). Así lo reveló Federico Agusti, representante de la agencia en Ecuador, a partir de un estudio realizado a 3.000 personas de 922 hogares a nivel nacional.

Agusti recordó que 2023 fue el año más violento en la historia del país. Aunque en 2024 hubo un leve descenso en los homicidios, los datos del primer semestre de 2025 muestran nuevamente cifras alarmantes. La violencia, impulsada por bandas dedicadas al narcotráfico, la minería ilegal, las extorsiones y los secuestros, sigue siendo el principal detonante de este fenómeno.

Desde inicios de 2024, el Gobierno de Daniel Noboa mantiene al país bajo un estado de “conflicto armado interno”, ha declarado a las bandas como “terroristas” y ha recurrido a sucesivos estados de excepción para facilitar las operaciones de las fuerzas de seguridad.

El representante de Acnur advirtió que, además de la violencia, factores como la pobreza, la exclusión social y la falta de oportunidades agravan el problema. Según el estudio, un 13 % de los hogares encuestados señaló que al menos un miembro de su familia se ha visto obligado a desplazarse, y en el 42 % de los casos, la causa directa son amenazas, extorsiones, asesinatos o conflictos armados entre bandas.

Las provincias más afectadas como puntos de origen de desplazados son Azuay, El Oro, Los Ríos, Esmeraldas y Guayas. Manabí, Pichincha, Cotopaxi, Azuay y la propia Guayas actúan tanto como receptoras como emisoras de desplazados, ya que muchas personas optan por trasladarse dentro de la misma provincia en busca de seguridad o fuentes de ingreso.

El fenómeno afecta principalmente a familias completas, lo que plantea desafíos en términos de educación, salud y asistencia a poblaciones vulnerables, como adultos mayores, mujeres embarazadas y niños.

Acnur colabora junto a la Defensoría del Pueblo y otras instituciones en el desarrollo de un registro oficial de víctimas de desplazamiento interno. Sin embargo, Agusti expresó su preocupación por los recortes presupuestarios. La agencia ha debido cerrar sus oficinas en Ibarra, Cuenca y Huaquillas, fusionar operaciones en Quito y reducir personal, ya que actualmente solo cuenta con el 17 % de los fondos necesarios, tras la suspensión temporal de ayuda de Estados Unidos.