El expresidente del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo, advirtió que el sistema judicial ecuatoriano enfrenta una grave crisis institucional y estructural que está siendo aprovechada por el crimen organizado. En entrevista con Teleamazonas, aseguró que la inestabilidad en la Judicatura y la falta de reformas urgentes han permitido que “delincuentes salgan por una puerta y vuelvan a delinquir por la otra”.

Uno de los temas más preocupantes, según Murillo, es el uso desmedido de arrestos domiciliarios. Señaló que más de 850 policías custodian a apenas 236 detenidos en casas, cuando podrían estar combatiendo la delincuencia en las calles. “Hay presos en barrios peligrosos custodiados por policías que arriesgan su vida. Eso no es racional”, advirtió.

Murillo reveló que, desde 2023, la Contraloría ha realizado 108 exámenes especiales a declaraciones patrimoniales de jueces y fiscales, de los cuales 59 presentan indicios de responsabilidad penal. Además, al menos 90 funcionarios judiciales han sido destituidos en el último año, entre ellos 47 jueces.

“Con los casos Metástasis, Purga y Plaga pensamos que se había tocado fondo, pero no. Esto sigue. Hay funcionarios judiciales que aún están del lado de la delincuencia organizada y no del lado de la justicia”, afirmó.

Reformas urgentes al régimen disciplinario

Murillo pidió una reforma inmediata a la resolución de la Corte Constitucional de 2020 que limitó la capacidad del Consejo de la Judicatura para actuar de oficio en casos de manifiesta negligencia. A su juicio, ese fue un “punto de quiebre” que debilitó el régimen disciplinario. “Hay que devolverle al Consejo esa facultad para sancionar sin necesidad de denuncia previa”, sostuvo.

El extitular de la Judicatura respaldó la decisión del ministro del Interior, John Reimberg, de hacer públicos los nombres de jueces y fiscales señalados por liberar a delincuentes. Sin embargo, advirtió que “eso no basta”. Pidió que el Ejecutivo y la Fiscalía presenten denuncias formales para que haya sanciones reales, tanto administrativas como penales.

Murillo criticó la falta de acción de las autoridades para completar la integración del Consejo de la Judicatura, cuyo periodo venció en enero de 2025. “El Ejecutivo no ha enviado su terna. La Asamblea anuló la de su antecesora. Todo esto muestra que hay cálculos políticos y desinterés en resolver la crisis judicial”, señaló.

“Estamos hechos pedazos, pero aún hay solución”

Pese a su diagnóstico crítico, Murillo cree que aún es posible revertir el colapso institucional. Propone retomar las mesas de seguridad, reformar el régimen disciplinario, completar la integración del Consejo de la Judicatura, e iniciar una evaluación general del sistema judicial.

“La depuración debe continuar. Hay que impedir que estos servidores corruptos regresen a la función judicial. La ciudadanía exige resultados, no discursos”, concluyó.