El gobierno ecuatoriano anunció que la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) revisará el patrimonio de jueces y fiscales que han otorgado medidas sustitutivas a miembros de grupos delictivos organizados. La decisión busca sumar herramientas al combate contra el crimen organizado, pero también ha desatado un debate sobre si esta medida llega demasiado tarde.

En entrevista con Teleamazonas, el economista Alan Sierra, exdirector general de la UAFE y experto en prevención de lavado de activos, aseguró que este tipo de monitoreos “no es nuevo ni improvisado, pero sí debió implementarse hace al menos siete u ocho años”.

“La UAFE tiene desde hace tiempo las herramientas técnicas y la hoja de ruta para este tipo de controles, pero lo que hoy se está haciendo responde a la urgencia del momento. El análisis patrimonial debe ser permanente, no solo reactivo”, advirtió Sierra.

El economista explicó que la UAFE no actúa sola. “Se nutre de información de múltiples fuentes: bancos, inmobiliarias, el Servicio de Rentas Internas (SRI), la Superintendencia de Compañías e incluso sus pares internacionales”, indicó. En ese marco, destacó el rol de los sujetos obligados, como constructoras y promotoras inmobiliarias, que están en la obligación legal de alertar operaciones sospechosas.

“Muchas empresas siguen usando hojas de Excel de hace 15 años como ‘sistema antilavado’. Si no mejoran su control interno, terminan expuestas a operaciones criminales que contaminan su reputación y finanzas”, advirtió.

Sierra destacó la importancia de la nueva Ley para Prevenir el Lavado de Activos, que entra en vigencia en julio. Esta norma, dijo, refuerza la vigilancia sobre jueces y fiscales, quienes ahora serán objeto de una “debida diligencia reforzada” por parte del sistema financiero y comercial.

Esto incluye tres aristas clave:

• Perfil del cliente
• Origen de los fondos
• Análisis patrimonial focalizado en la transacción

“Ya no basta con saber si el dinero viene de un banco. Hay que conocer de qué actividad económica proviene, si está respaldada tributaria y financieramente, y si el patrimonio es congruente con los ingresos declarados”, explicó.

Ante la detección de inconsistencias, cada institución debe activar sus propios procedimientos. La Contraloría puede iniciar auditorías especiales y, si hay indicios penales, remitir los casos a la Fiscalía. La UAFE, en cambio, emite reportes de operaciones inusuales que pueden derivar en investigaciones más profundas.

“Esto no es una cacería de brujas. Es una medida preventiva. El patrimonio es una de las herramientas más efectivas para detectar delitos como enriquecimiento ilícito o lavado de activos”, sostuvo.