El comandante general de la Policía Nacional, Pablo Dávila, lanzó un duro cuestionamiento a las decisiones judiciales que obligan a la institución a mantener a casi 800 policías custodiando a 285 personas privadas de libertad que cumplen arresto domiciliario. Muchas de estas personas han sido sentenciadas por delitos graves como secuestro, narcotráfico o asesinato.

“Son más policías que los que hay en algunas provincias. Están en casas cuidando sentenciados, cuando deberían estar en las calles cuidando a los ciudadanos”, advirtió en entrevista con Teleamazonas.

Dávila denunció que muchos de los policías encargados de estas custodias están expuestos en barrios peligrosos, sin condiciones de seguridad. En algunos casos, han sido víctimas de atentados, como en el caso de un agente asesinado durante la vigilancia de un sentenciado por secuestro.

El comandante apuntó a una falta de aplicación de la normativa judicial vigente, ya que los jueces no estarían cumpliendo con la solicitud obligatoria de análisis de riesgo ni exigiendo informes de disponibilidad policial antes de dictar el arresto domiciliario.

“La mayoría de esos arrestos domiciliarios se conceden sin cumplir los requisitos. No se pide informe de riesgo, ni se consulta si la Policía tiene personal para hacer esa custodia”, explicó.

El jefe policial lamentó que, pese al riesgo que corren los uniformados y a los esfuerzos operativos, muchos jueces otorgan libertad a detenidos que luego vuelven a delinquir. Mencionó el caso de alias ‘Cocacho’, grabado en un secuestro y luego liberado por decisión judicial, hasta que fue recapturado.

“La Policía captura, el juez libera y el delincuente vuelve a operar. Así es imposible recuperar la confianza ciudadana”, sentenció.

Dávila admitió que, aunque no es su función juzgar al sistema de justicia, sí es su deber exigir coherencia. “El trabajo de la Policía no puede seguir siendo saboteado desde adentro por fallos judiciales que benefician al crimen organizado”, dijo.

Armas de guerra en manos del crimen

Por otro lado, durante la entrevista, Dávila presentó fotografías de armas de uso militar decomisadas en operativos recientes, como lanza granadas, fusiles de francotirador, metralletas M60 y armamento de alto poder destructivo.

“Esto ya no es delincuencia común, es una guerra interna. Estas armas las tiene el crimen organizado, no las usamos ni nosotros”, alertó.

Responsabilizó en parte a las fronteras porosas del Ecuador, donde se presume que ingresan armas provenientes de carteles internacionales. “La plata del narco compra conciencias, y por eso estas armas llegan a su destino”, señaló.

Según el comandante, el reciente informe de Insight Crime que ubica a Ecuador como el segundo país con más droga incautada en la región demuestra dos realidades:

1. La eficiencia de la Policía Antinarcóticos.
2. La magnitud de la penetración del narcotráfico en el país.

“Estamos invadidos por la droga. Pero estamos trabajando para recuperar al Ecuador y volverlo un país de paz”, dijo.