La Ley de Recuperación de Áreas Protegidas y Promoción del Desarrollo Local, enviada por el presidente Daniel Noboa con carácter económico urgente, ha encendido las alarmas en la oposición de la Asamblea Nacional. Para los legisladores críticos, esta normativa sería una puerta abierta a la explotación privada de ecosistemas vulnerables, bajo el pretexto de conservación y desarrollo local.

El proyecto, que tiene solo cinco artículos, habilita al Estado a concesionar áreas protegidas a empresas privadas, supuestamente para garantizar su mantenimiento y promover el turismo sostenible. Sin embargo, Revolución Ciudadana y otros bloques de oposición aseguran que el texto no limita claramente los alcances de estas inversiones.

La asambleísta Verónica Íñiguez advirtió a Ecuavisa que ya existen concesiones mineras activas dentro de zonas protegidas, y teme que esta ley busque legitimar inversiones extractivas bajo una figura legal “ambientalista”.

Uno de los puntos más sensibles del proyecto es que no excluye la posibilidad de construir grandes ecolodges o complejos turísticos con inversión extranjera en territorios donde la biodiversidad es extremadamente frágil. Para el correísmo, esto podría convertirse en un negocio encubierto que atente contra la conservación de la Amazonía, Galápagos y otras zonas protegidas.

Además, hay preocupación por el uso de la fuerza pública para garantizar la seguridad de estos proyectos privados. “¿Se van a destinar recursos del Estado para proteger intereses económicos?”, cuestionan desde los sectores ambientalistas.

El oficialismo responde

Aunque el bloque ADN ha evitado defender abiertamente la propuesta, el asambleísta Adrián Castro reconoció que el proyecto “seguramente sufrirá modificaciones” en el trámite legislativo.

Hasta ahora, el Ejecutivo ha sustentado la iniciativa con datos del Ministerio del Ambiente, que indican que el 61,5 % del territorio ecuatoriano está bajo algún régimen de conservación, distribuidos en 91 ecosistemas, de los cuales 87 han sido mapeados.

Por ahora, la Comisión de Biodiversidad será la encargada de analizar la propuesta. Desde varios bloques ya se advierte que se opondrán firmemente a cualquier intento de privatizar los pulmones verdes del país.