El arresto domiciliario como medida sustitutiva a la prisión preventiva está bajo la lupa. El exjuez constitucional Enrique Herrería advirtió este miércoles 18 de junio que los jueces y fiscales están convirtiendo esta figura legal en una “feria de impunidad”, en referencia al creciente número de beneficiarios que cumplen prisión en casa en lugar de en un centro penitenciario.

“La ley no obliga al juez a conceder arresto domiciliario. Es una opción, no una orden”, recalcó Herrería en entrevista con Ecuavisa, respaldando así la crítica del ministro del Interior, John Reimer, quien señaló que más de 850 policías están destinados a custodiar a procesados en sus viviendas, en vez de proteger a la ciudadanía en las calles.

Según cifras del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de Libertad (SNAI), el 65% de las personas con arresto domiciliario son mayores de 65 años, mientras que el resto corresponde a mujeres embarazadas, personas con enfermedades graves, discapacidades severas, o quienes son cuidadores únicos.

Pero para Herrería, esto no justifica el abuso. “El hecho de ser adulto mayor no convierte automáticamente a una persona en inocente ni justifica que se le mande a casa. Cada caso debe evaluarse con rigurosidad”, afirmó. A su juicio, se ha normalizado otorgar este beneficio incluso a personas detenidas en delito flagrante por crímenes graves, como extorsión o robo con violencia, violando así el marco legal.

El exjuez también cuestionó que se esté desnaturalizando el principio de garantismo penal. “Garantizar derechos no puede ser sinónimo de impunidad. Y eso es lo que está ocurriendo”, sentenció. Afirmó que muchos jueces y fiscales ceden por presión o temor, lo cual considera inaceptable: “Si un juez se deja intimidar, debe renunciar”.