En medio de la creciente ola de violencia, dos juristas de alto nivel coincidieron en que el verdadero reto de Ecuador no solo está en endurecer las penas, sino en depurar a fondo el sistema judicial para frenar la liberación de delincuentes peligrosos.

El constitucionalista Jorge Alvear y el penalista Daniel Kuri coincidieron en el programa Vera a su manera que sin una reestructuración profunda de la función judicial, difícilmente se podrá avanzar en la lucha contra el crimen organizado. Alvear recalcó que “mientras no existan procesos transparentes y rigurosos para seleccionar, evaluar y sancionar a los jueces, cualquier reforma legal será insuficiente”. Señaló que el Consejo de la Judicatura mantiene pendiente desde hace años la aprobación de reglamentos fundamentales para seleccionar y evaluar jueces a nivel nacional, provincial y constitucional.

En esa misma línea, Daniel Kuri advirtió que el sistema está atado por los límites constitucionales actuales. Explicó que, si se quisiera aplicar medidas más drásticas en materia de seguridad, sería necesario convocar a una Asamblea Constituyente, pues la Carta Magna vigente impide reformas que restrinjan derechos y garantías fundamentales. “La Asamblea intenta operar dentro de lo que la Constitución le permite, pero cualquier reforma profunda exige un cambio de fondo del propio marco constitucional”, puntualizó.

En cuanto a la reciente Ley de Solidaridad, ambos juristas reconocieron que incorpora avances, como la creación de nuevos tipos penales y sanciones más severas contra grupos armados organizados, lavado de activos y delitos conexos al narcotráfico. Sin embargo, Kuri consideró que se pierde una oportunidad al no separar con claridad los fenómenos criminales de los escenarios de conflicto armado interno. “Hay estructuras que claramente operan como guerrillas narcoterroristas que ya deberían ser tratadas bajo un marco jurídico más propio del derecho internacional humanitario”, explicó.

Alvear, por su parte, cuestionó que la ley defina como grupo armado organizado a cualquier estructura de tres personas con poder de ejercer violencia contra el Estado, calificando esa definición como demasiado amplia y jurídicamente imprecisa.

Ambos coincidieron en que la depuración de jueces y fiscales corruptos es impostergable, pero para ello es indispensable que el Consejo de la Judicatura cumpla con su rol institucional. Mientras tanto, el sistema sigue atrapado en una crisis institucional que alimenta la impunidad, en un contexto de creciente presión social ante los múltiples crímenes que enlutan al país.

“El problema de fondo es que no hay garantías de que los operadores de justicia actúen con la independencia y rigor que la crisis de seguridad nacional exige”, concluyó Alvear.