El Gobierno Nacional ha presentado ante la Asamblea un nuevo proyecto de Ley de Inteligencia que pretende establecer un marco legal claro para el funcionamiento del Sistema Nacional de Inteligencia (SNI), así como definir los límites, competencias y mecanismos de control de los funcionarios que integran este sistema.

La propuesta legal busca evitar abusos en el uso de la información clasificada y delimitar el acceso a datos sensibles únicamente a las entidades autorizadas. Según el texto remitido por el Ejecutivo, solo el presidente de la República y las máximas autoridades de los organismos del SNI podrán disponer del uso de información reservada, confidencial o secreta relacionada con la seguridad del Estado.

Entre los principales objetivos del proyecto está impedir que cualquier funcionario, sin autorización ni competencias definidas, acceda a datos estratégicos bajo pretextos administrativos o políticos. Además, se busca reforzar el control sobre el manejo de la información sensible, en especial aquella que compromete la seguridad nacional y la lucha contra el crimen organizado.

La iniciativa también contempla una reestructuración interna del SNI, garantizando que las tareas de inteligencia se ejecuten con base en principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y respeto a los derechos humanos. Se propone, además, que exista una supervisión efectiva por parte de organismos de control y de la Asamblea Nacional.

El proyecto se presenta en un contexto marcado por denuncias pasadas de uso indebido de los servicios de inteligencia con fines políticos, por lo que el Ejecutivo considera urgente establecer normas claras que fortalezcan la institucionalidad y devuelvan la confianza ciudadana en estos organismos.

La Asamblea Nacional deberá debatir la propuesta en las próximas semanas. Desde el Legislativo ya se han planteado observaciones iniciales relacionadas con la necesidad de garantizar transparencia sin afectar la confidencialidad de operaciones críticas para el Estado.