Los tres militares procesados por el asesinato de dos adolescentes en el sector de Las Malvinas, en Guayaquil, aseguran que actuaban bajo órdenes superiores y que su misión era detener a menores de edad vinculados con actividades delictivas. Así lo indicaron durante la audiencia de formulación de cargos, en el marco de la investigación que lleva adelante la Fiscalía.

Según la versión de los uniformados, pertenecientes al Grupo de Fuerzas Especiales 26 “Cenepa”, ellos cumplían con instrucciones específicas dentro de un operativo militar ejecutado el 4 de marzo, en el contexto del estado de excepción y conflicto armado interno. Argumentan que, tras identificar a los dos jóvenes —de 15 y 16 años—, procedieron a detenerlos, sin que haya existido intención de causarles la muerte.

Sin embargo, los cuerpos de los adolescentes aparecieron horas después con signos de ejecución y huellas de tortura. Este hecho generó una fuerte conmoción nacional y provocó que las Fuerzas Armadas reconocieran, días más tarde, la participación de sus efectivos en el caso, tras la difusión de una investigación periodística que reveló detalles clave.

Durante la audiencia, la Fiscalía presentó 31 elementos de convicción, entre ellos pericias balísticas, informes de criminalística, testimonios, grabaciones de cámaras de seguridad y chats obtenidos de los teléfonos de los militares. Estos elementos habrían permitido establecer una posible alteración de la escena del crimen y contradicciones en los informes oficiales.

Los procesados enfrentarán cargos por ejecución extrajudicial, un delito que implica graves violaciones a los derechos humanos y que podría acarrear penas de hasta 26 años de prisión.

La jueza del caso dictó prisión preventiva contra los tres uniformados y ordenó medidas de protección para los familiares de las víctimas. Mientras tanto, la Defensoría del Pueblo y organizaciones de derechos humanos exigen una investigación exhaustiva y sanciones ejemplares.