Un nuevo giro se presentó en el caso Las Malvinas, donde 16 militares enfrentan cargos por la presunta desaparición forzada de cuatro menores de edad. Este martes, la defensa de 11 de los imputados ingresó un recurso de hábeas corpus con el objetivo de revocar la prisión preventiva, amparándose en la recientemente aprobada Ley de Solidaridad, que prohíbe esa medida cautelar para miembros activos de las Fuerzas Armadas.

En entrevista con Ecuavisa, Juan Pablo Albán, miembro del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada y académico de la Universidad San Francisco de Quito, cuestionó la legalidad del hábeas corpus presentado. Afirmó que una detención no puede volverse arbitraria por cambios legales posteriores, ya que en este caso la prisión preventiva fue emitida conforme al Código Orgánico Integral Penal (COIP) y sustentada en la gravedad del hecho investigado.

“Una privación de libertad que no es de origen arbitraria no deviene arbitraria más adelante”, explicó Albán, quien agregó que la vía correcta sería un pedido de revisión de medidas cautelares ante el mismo juez que sustancia la causa, no un hábeas corpus.

Sobre la aplicación de la nueva ley, el jurista recordó que, aunque el principio general es la irretroactividad de la norma penal, existe también el principio de favorabilidad. Sin embargo, este solo es aplicable si realmente mejora la situación del acusado sin afectar derechos fundamentales.

Albán advirtió que otorgar beneficios judiciales automáticos a miembros de la fuerza pública, solo por su rol institucional, podría abrir la puerta a la impunidad. “Sería un pésimo precedente para futuras violaciones graves a derechos humanos. Ni en tiempos de guerra se puede justificar una desaparición forzada”, dijo.