El Gobierno del presidente Daniel Noboa, inició su mandato enviando algunos proyectos de leyes a la Asamblea Nacional aprovechando dos circunstancias: la primera es que cuenta con la mayoría en el máximo organismo del Estado; y la segunda es que como dice el viejo refrán popular, “escoba nueva barre bien”, busca limpiar con todas las leyes aprobadas en 2009, en el llamado mamotreto de Montecristi.

Hay una ley que el pueblo ecuatoriano está esperando con ansias, las reformas al Código de la Democracia, donde se analicen principalmente el tema del financiamiento económico que el Estado brinda a todos los candidatos a las diferentes dignidades de elección popular.

Hace algunos meses escribía que el Estado no debe financiar campañas, pero si regularlas. El otro tema que urgente es el porcentaje con el cual pueden ganar las elecciones los candidatos a alcaldes en las ciudades y a los prefectos del país.

El ejemplo más claro es Quito, la capital de la República. En las dos últimas elecciones para el cargo de Burgomaestre, el ganador no ha superado el 25% de los electores y eso causa muchos problemas, principalmente el de la gobernabilidad y en la falta de respaldo mayoritario en una ciudad.

Sería útil para los gobiernos seccionales que los alcaldes de aquellas ciudades, cuya población supere el 5% de los empadronados, ganen con el mismo porcentaje que tiene la elección del presidente de la República: el 40% si la diferencia es más de 10 puntos, o en una segunda vuelta, en la cual se elijan a los ediles de los concejos municipales.

La pregunta del millón: ¿cómo se financia la segunda vuelta? Fácil, con lo que se ahorra en los montos que actualmente se destinan para financiar las campañas electorales. Sería más justo y más económico.