¿Puede el gobierno modificar el régimen penal juvenil usando una ley económica urgente? La reciente inclusión de una reforma al tratamiento penal de menores de edad en un proyecto destinado originalmente a transparentar las compras públicas ha desatado un debate jurídico, político y ético de alto voltaje.

En el programa Ecuadorenvivo, el abogado penalista Pablo Encalada fue categórico: la maniobra carece de sustento constitucional. “La Constitución exige que las leyes económicas urgentes traten exclusivamente temas económicos y de una sola materia. Incorporar reformas penales sobre menores vulnera claramente esa disposición”, sostuvo. Según Encalada, el intento representa un “bypaseo del derecho” que desprestigia al sistema legal y compromete la seguridad jurídica.

El abogado Andrés Castillo, asambleísta proponente de la reforma, defendió su inclusión argumentando que la inseguridad repercute en la economía. Para Encalada, esta lógica es peligrosamente laxa: “Si todo repercute en la economía, cualquier cosa puede ser tramitada como ley económica urgente. Es una interpretación arbitraria y populista”.

El debate de fondo, sin embargo, es más complejo. Encalada reconoció que muchos ciudadanos exigen medidas más severas contra adolescentes que cometen crímenes atroces, como el sicariato. Pero advirtió que aumentar las penas o juzgar a menores como adultos no resolverá el problema. “Llevamos más de una década endureciendo leyes sin éxito. El crimen ha aumentado. Está demostrado que esta receta no funciona”.

En contraste, el abogado propuso políticas de prevención más focalizadas: articular a las instituciones del sistema de justicia, aplicar operativos contra la venta de objetos robados, perseguir eficazmente el delito flagrante, y dar prioridad a medidas socioeducativas que sí rehabilitan. Además, defendió la creación de un comité interinstitucional para evitar que menores vulnerables caigan en redes criminales, tal como lo planteó un reciente decreto presidencial.

El penalista también advirtió sobre el uso político de la justicia. Cuestionó la intención del ministro del Interior de publicar rostros de jueces y fiscales, calificándolo como un gesto autoritario incompatible con un Estado de derecho. “La justicia debe ser independiente. Si no confiamos en los jueces, se debe acudir al Consejo de la Judicatura, no a la intimidación pública”, afirmó.

En medio del caos institucional, la tentación de legislar sobre el dolor social es grande. Pero, como concluyó Encalada, “el crimen no puede combatirse fuera del Estado de derecho. Hacerlo, nos expone a males aún peores”.