El Consejo de la Judicatura (CJ) dispuso el inicio de una investigación previa en contra de funcionarios judiciales presuntamente involucrados en irregularidades relacionadas con el caso Narcotentáculos, una trama que vincula a una red de narcotráfico con posibles actos de corrupción dentro del sistema de justicia.

La decisión fue adoptada el lunes 17 de junio, tras una sesión en la que se analizó el informe técnico elaborado por la Dirección Nacional de Transparencia del CJ. Según ese documento, existirían indicios de posibles faltas disciplinarias cometidas por servidores judiciales que actuaron en distintas etapas del proceso penal.

La presidenta del organismo, Maribel Barreno, manifestó que la actuación de los jueces y funcionarios será revisada con rigurosidad y que no se tolerará ningún tipo de conducta que afecte la credibilidad del sistema judicial. Recalcó que el Consejo tiene la obligación de garantizar una justicia imparcial y libre de influencias externas.

El caso Narcotentáculos salió a la luz en 2021 tras una operación policial que desarticuló una estructura criminal vinculada al narcotráfico y el lavado de activos, con ramificaciones en distintas provincias del país. La investigación penal, liderada por la Fiscalía, ha señalado a varios implicados, algunos de los cuales habrían intentado beneficiarse de decisiones judiciales para evitar condenas o dilatar los procesos.

La Judicatura también solicitó información a la Fiscalía General del Estado y al Consejo de la Judicatura Transitorio, para contrastar antecedentes del caso y delimitar responsabilidades administrativas.

Las sanciones que podrían derivarse de esta investigación incluyen desde amonestaciones hasta la destitución de los funcionarios involucrados, en caso de comprobarse la existencia de faltas graves o muy graves conforme al Código Orgánico de la Función Judicial.

Con este pronunciamiento, el CJ busca reforzar el control interno en medio de crecientes cuestionamientos públicos sobre la independencia y transparencia de los operadores de justicia frente a redes delictivas organizadas.