El abogado Pedro Granja presentó ante la Corte Constitucional una demanda de inconstitucionalidad contra una reforma aprobada por la Asamblea Nacional que modifica el procedimiento para derogar cuerpos legales, al considerar que vulnera los principios del Estado de Derecho y favorece posibles arbitrariedades legislativas.

La reforma, contenida en las Disposiciones Reformatorias de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, elimina la exigencia de motivar técnicamente las derogatorias de leyes vigentes. Según Granja, este cambio permite que la Asamblea pueda anular normas sin justificación suficiente, lo que representaría un retroceso en los estándares de seguridad jurídica y control constitucional.

El demandante argumenta que este tipo de reformas abre la puerta a la eliminación de normas por simples mayorías políticas, sin un análisis técnico ni un debate que respalde el interés público. En su criterio, esto debilita el sistema normativo y genera inestabilidad jurídica.

La Corte Constitucional deberá calificar la demanda y, eventualmente, pronunciarse sobre la validez de la norma. Mientras tanto, el debate continúa en el ámbito político y jurídico, ya que sectores de la sociedad civil también han expresado preocupación por las implicaciones de la reforma.