La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner empezará a cumplir su condena de seis años de prisión por corrupción bajo la modalidad de arresto domiciliario, según resolvió el Tribunal Oral Federal N.º 2. La medida fue adoptada en atención a su edad, 72 años, y por razones vinculadas a su seguridad personal.

Fernández permanecerá en su domicilio ubicado en el barrio de Constitución, en la ciudad de Buenos Aires. Para garantizar el cumplimiento de la pena, se le colocará una tobillera electrónica con monitoreo permanente y se le restringirá la salida, la cual solo podrá realizarse con autorización judicial en casos excepcionales.

El tribunal también ordenó que, en un plazo máximo de 48 horas, la exmandataria presente un listado de personas autorizadas a ingresar a su vivienda. Este grupo podrá incluir a familiares, abogados, médicos y personal de custodia. El control y supervisión del cumplimiento de la condena estará a cargo de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal, que deberá presentar informes trimestrales.

La decisión judicial se sustenta en dos argumentos centrales: la edad de la exjefa de Estado y las amenazas a su integridad física, especialmente tras el atentado fallido en su contra registrado en septiembre de 2022. El tribunal consideró que su permanencia en un centro penitenciario no podría garantizarse sin exponerla a riesgos graves, lo que sería incompatible con estándares constitucionales y de derechos humanos.

Cristina Fernández fue condenada en diciembre de 2022 por el caso “Vialidad”, en el que se determinó su responsabilidad en un esquema de corrupción que favoreció con contratos públicos al empresario Lázaro Báez durante su gestión en la presidencia. Además de la pena de prisión, se le impuso inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, sanción que fue ratificada por la Corte Suprema el pasado 10 de junio.

La medida ha generado nuevas tensiones en el escenario político argentino. Mientras sectores del kirchnerismo denuncian una persecución judicial con fines políticos, desde la oposición celebran la ejecución de la condena como un triunfo del Estado de derecho.

En los alrededores del domicilio de la exmandataria, grupos de simpatizantes se han concentrado para expresar su respaldo y denunciar lo que consideran una maniobra judicial injusta.