La reciente aprobación de la Ley de Inteligencia en Ecuador ha encendido las alarmas entre juristas, analistas y defensores de derechos humanos. El nuevo marco legal otorga al Ejecutivo facultades para interceptar comunicaciones sin orden judicial, acceder a información de operadoras y utilizar fondos reservados sin auditoría ciudadana. Todo esto, según el constitucionalista Gonzalo Muñoz, configura un escenario “gravemente regresivo” en materia de derechos y libertades.

Durante su intervención en el programa Ecuadorenvivo, Muñoz cuestionó las disposiciones que permiten la vigilancia estatal sin los controles que exige la Constitución. “Estamos frente a una normativa que puede ser usada para espiar ciudadanos, sin control judicial ni límites temporales. La Carta Magna garantiza la inviolabilidad de la correspondencia, salvo por orden judicial o en estados de excepción”, explicó.

El temor, según el análisis, no es teórico: recuerda escalofriantes paralelismos con el caso de Vladimiro Montesinos en Perú, cuando el espionaje amparado en leyes similares derivó en corrupción, chantaje a jueces y manipulación política. La legislación ecuatoriana, advierte Muñoz, incluso contempla “identidades ficticias” para agentes encubiertos, exonerados de responsabilidad penal en caso de ocultar su identidad.

Aunque el objetivo declarado de la ley es combatir al crimen organizado y el terrorismo, su redacción ambigua permite una aplicación general e indefinida. “No se trata de una norma excepcional ni temporal como la Patriot Act en EE. UU. Esta ley queda instalada en el sistema legal ordinario del país”, advirtió el panel.

A esto se suma el contexto político. Según el conductor Alfonso Pérez Serrano, la acumulación de poder sin contrapesos por parte del Ejecutivo, la manipulación del reglamento legislativo y la opacidad con la que se impulsan reformas legales alimentan la desconfianza ciudadana. “Una ley que hoy se usa contra las mafias, mañana puede usarse contra los opositores”, sentenció.

El debate también se centró en la propuesta para juzgar penalmente a menores de edad involucrados en delitos graves. Aunque existe consenso en que el crimen organizado instrumentaliza a niños y adolescentes, hay divergencias sobre la eficacia de aumentar penas o juzgarlos como adultos sin atender primero a las causas estructurales como pobreza, abandono estatal y falta de oportunidades.

La democracia exige vigilancia, no solo hacia los delincuentes, sino también hacia el poder. Y cuando la inteligencia se desborda de sus límites legales, se corre el riesgo de convertir al Estado en un vigilante sin control. La historia latinoamericana ya lo ha demostrado.