A propósito de la aprobación y publicación oficial de la Ley Orgánica de Inteligencia[1] desde sus múltiples versiones, creadas a partir del proceso de institucionalización del sector seguridad, y su detonante coyuntural para su producción que fue el denominado Ataque de Angostura incursión militar colombiana en territorio ecuatoriano el 1 de marzo de 2008, donde se atacó un campamento de las FARC-EP, y se dio de baja a “alias Raúl Reyes”  y que incluso generó al ruptura de relaciones diplomáticas por algunos meses ente los gobiernos de Ecuador y Colombia de aquel momento.

Desde este entonces ha corrido mucha agua bajo el puente. Intentos de avances y retrocesos por generar una Ley de Inteligencia, han sido permanentes durante  múltiples intentos con un sesgo común: producir un marco legal que norme  la conducción civil de la inteligencia en el país, pero que penosamente debido a un sinnúmero de factores que van desde; su marginación como proyecto clave; la falta de conocimiento y la confusión conceptual y analítica de las necesidades del Estado en la materia; la incidencia de miradas militarizadas y policializadas, ganadas debido al poco interés público en la inteligencia por parte de los distintos conductores políticos de turno;  el resquebrajamiento del sector seguridad, hasta  la metodología poco apropiada por el poder legislativo para tratar una temática que debió implicar la participación permanente de la sociedad civil, diversos colectivos, académicos especializados en el tema, representantes de los medios, mujeres, entre otro, han impedido la consolidación del marco legal adecuado.

En prospectiva denominamos una tendencia pesada aquella, que sin mayores semillas de cambio mantienen cierta inercia y enquistan ciertas lógicas que parecen ser inamovibles, como este pedregoso camino hacia la existencia de un marco normativo adecuado. Una de estas tendencias antecedió a la configuración de esta normativa que hoy, en el contexto actual, ha exigido cambios no solo en los contextos donde debe moverse, sino la prioridad que implica para un Estado democrático contar con ella, para normar los procesos de inteligencia (como institución, prácticas y productos) encaminados satisfacer las necesidades de los mejores y más oportunos procesos decisionales para el Estado en las diferentes materias[2]

Idealmente,  la necesidad de generar esa ley  responde de una u otra manera y  si se hace una comparación válida a las  diversas olas democratizadoras[3]  de inteligencia en América Latina, que marcó en diversos momentos y países de la región,  la necesidad de que se normara e institucionalizara la conducción civil de la inteligencia desde el ámbito estatal. También se abordaba la urgencia de un  Plan Nacional de Inteligencia hacia la configuración de una Política Pública y un Centro Especializado- llámese Escuela Nacional de Inteligencia Estratégica, Centro de Formación de Especializado en Inteligencia- que garantizara no solo la formación integral, capacitación continua en los diversos de la inteligencia estratégica. Paralelamente, se revelaba desde entonces la necesidad de una orientación doctrinaria adecuada a las necesidades de un Estado democrático, con un elevado compromiso ético, responsabilidad social. Todo ello para la consolidación de una real cultura de inteligencia que logre de una vez por todas legitimar el rol de la inteligencia estatal.

Lamentablemente,  en el  país desde 2009, cuando se aprobó la primera Ley Orgánica de Seguridad Pública y del Estado- modificada en 2014- no se ha logrado la ansiada institucionalización, sino que la institución se ha movido en un biorritmo poco claro, con desfiguraciones en su conducción, con una confusión de sus atribuciones y responsabilidades, enredo en los sus niveles entre lo estratégico hacia lo táctico y operativo,  y hasta momentos de bochornosos escándalos por espionajes y actos pocos éticos e ilegales, que al parecer quedaron ya en el olvido…  

Considero que la poca comprensión de lo que es la inteligencia estratégica- en muchos casos por la falta de profesionales civiles expertos en la materia[4]– en las instancias estatales que se requieren para la institucionalización del sector , en la propia institución rectora, y en otros por el desfase de los nuevos contextos en los cuales el país debe generar su propio Sistema Nacional de Inteligencia y fortalecer su comunidad-también con afianzamiento de relaciones de otros sistemas de inteligencia de otros países- en coherencia con objetivos, intereses y recursos  propios a su  orientación política de gobernabilidad y conducción de una gobernabilidad para el bien común y no para intereses políticos de coyuntura.

En este contexto, la Inteligencia continúa siendo una capacidad que todo Estado necesita, orientada a permitir una alerta temprana frente a amenazas y/o riesgos emergentes o manifiestos, como también para identificar oportunidades vinculadas a los objetivos del Estado y a potenciar los objetivos programáticos de gobierno y es en este sentido la urgencia de afianzar la institucionalidad del CIES como entidad rectora, sin olvidar la tarea pendiente de reconstruir el sector seguridad del país.

En este orden de cosas, aunque ya ha sido aprobada la Ley Orgánica de Inteligencia, considero indispensable tener una lectura integral de ella, señalar de manera propositiva sus aciertos, y dejar entrever varios aspectos sensibles y potencialmente problemáticos de ellos y buscar los mejores caminos para corregir, enmendar de ser el caso- y si aún es posible- pensando también de manera crítica en su aplicación real y la necesidad inminente de un Reglamento. 

[1] Año I – Nº 57 – 40 páginas-Cuarto suplemento. Registro oficial, 11 de junio 2025

[2] Erróneamente se piensa que la inteligencia solo sirve a para la seguridad y lidiar con amenazas y factores de riesgo, cuando debe focalizarse también en las oportunidades estratégicas clave para el Estado y su desarrollo por ejemplo en otros ámbitos

[3] El politólogo Samuel Huntington artífice de las denominadas oleadas democráticas, reveló el ascenso de la tercera ola democrática que se inicia con posterioridad a 1974,   exactamente del 89 al 91 ,con la “Revolución de los Claveles” en Portugal, impulso democratizador que significó que más de 30 países de América, Asia y Europa pasaran hasta 1989 desde regímenes autoritarios a democráticos; Chile incluido.

[4] Esto se debe a la inexistencia en el país de Escuelas o Centros de Formación Superior en inteligencia, y en las Universidades en donde existen carreras de seguridad, la inteligencia no ha sido priorizada como es indispensable.