El abogado penalista Pablo Encalada cuestionó con firmeza la intención del Gobierno de incluir reformas al régimen penal de adolescentes dentro del proyecto de ley económica urgente llamado Ley de Integridad Pública, cuyo primer debate se realiza este lunes en la Asamblea Nacional.

Durante una entrevista en Ecuavisa, Encalada advirtió que la inclusión de temas penales en una ley económica urgente es jurídicamente cuestionable: “Están poniendo en bandeja de plata una causal de inconstitucionalidad. La Corte Constitucional ya ha sido clara: este tipo de leyes deben tratar una sola materia y esta debe ser económica”.

En el fondo del debate, Encalada también criticó la propuesta de endurecer el régimen penal para adolescentes, como tratarlos como adultos o trasladarlos a cárceles comunes al cumplir los 18 años. “Es un discurso populista. Nos venden la mentira de que a los adolescentes no les pasa nada. Sí se los juzga, sí se los condena, la única diferencia con los adultos es la pena”, sostuvo.

Actualmente, la pena máxima para un menor infractor es de 8 años. El abogado considera que se puede debatir un posible aumento para delitos graves como sicariato o violación, pero sin igualar el régimen al de los adultos, lo cual contraviene la Constitución y tratados internacionales. “El sistema penal diferenciado no es capricho. Se basa en la idea de que el adolescente tiene un desarrollo incompleto de la personalidad y es más recuperable”, explicó.

Sobre la propuesta de trasladar a jóvenes a cárceles comunes al alcanzar la mayoría de edad, Encalada fue tajante: “Eso no es una solución. Así es como llenamos las cárceles de microtraficantes pobres y luego los convertimos en profesionales del crimen. Meter más jóvenes en cárceles de adultos solo alimentará el sistema delictivo”.

Frente al uso del endurecimiento penal como única estrategia del Estado, Encalada insistió en ir a la raíz del problema. “Hay que atacar los factores de riesgo que llevan a un joven a convertirse en sicario, no pensar que subir las penas los va a disuadir. Ningún adolescente marginado se detiene a calcular si va a recibir ocho o dieciséis años de cárcel”.

Finalmente, recordó que Ecuador ya tiene un régimen severo para adolescentes infractores, incluso más que países vecinos: “Aquí se juzga desde los 12 años. No es cierto que nuestras leyes sean laxas. El problema no es la pena, es la ineficiencia del sistema y la falta de política pública seria para prevenir la criminalidad juvenil”.