Organizaciones gremiales de abogados solicitaron al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) una reforma inmediata al reglamento que regirá el concurso público para elegir al próximo fiscal general del Estado. La solicitud fue presentada por la Federación Nacional de Abogados y el Colegio de Abogados de Pichincha, quienes cuestionan el contenido del artículo 22 del documento.

La norma impide postular a los abogados que en los últimos diez años hayan ejercido la defensa en casos relacionados con delitos como terrorismo, narcotráfico o trata de personas, entre otros. Para los gremios, esta disposición representa una restricción inconstitucional que discrimina a profesionales del derecho penal, a pesar de que muchos de ellos cuentan con amplia experiencia y probada trayectoria.

Paúl Ocaña, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, sostuvo que se trata de una medida que “criminaliza el ejercicio profesional” y que contradice el principio de presunción de inocencia. Además, propuso que se incorpore la obligación de presentar declaraciones patrimoniales y se fortalezcan los mecanismos de control sobre la idoneidad y transparencia de los postulantes.

Ante el planteamiento, el presidente del CPCCS, Andrés Fantoni, anunció que se ha concedido un plazo de 48 horas para que los consejeros propongan reformas al reglamento. Posteriormente, se instalará una mesa técnica que recoja observaciones de organizaciones sociales, colegios profesionales y la academia.

La revisión del reglamento ocurre mientras el concurso aún no ha iniciado, pese a que la Fiscalía General se encuentra dirigida por un fiscal subrogante, tras la salida de Diana Salazar. El CPCCS tampoco ha conformado la comisión ciudadana que liderará el proceso, lo que mantiene en suspenso un nombramiento clave para la institucionalidad del país.

Los gremios insisten en que se garantice un proceso transparente, técnico y sin vetos políticos, que permita la postulación de profesionales capacitados en derecho penal y en litigación oral, áreas fundamentales para liderar una institución que enfrenta al crimen organizado y combate la corrupción