Una mayoría conformada por el oficialismo, parte de Pachakutik y legisladores aliados impidió que se abra una investigación legislativa sobre los contratos eléctricos firmados entre el Estado ecuatoriano y la empresa estadounidense Progen.

La propuesta fue presentada por el asambleísta Blasco Peña, de la bancada de la Revolución Ciudadana (RC), quien planteó una resolución para que la ministra de Energía, Inés Manzano, sea llamada a comparecer ante el Pleno y se evalúen presuntas anomalías en el contrato de provisión de plantas eléctricas.

Aunque la moción logró 71 votos a favor, incluidos los del Partido Social Cristiano (PSC) y de los disidentes correístas Sergio Peña y David Arias, fue bloqueada por 76 votos en contra, provenientes principalmente de Acción Democrática Nacional (ADN) y un grupo de Pachakutik que ha venido respaldando al gobierno de Daniel Noboa.

Uno de los giros más notables fue el de Carmen Tiupul y Manuel Choro, de Pachakutik, quienes apenas 24 horas antes habían votado en contra de la polémica Ley de Inteligencia, pero esta vez cerraron filas con el oficialismo.

El documento presentado buscaba esclarecer si hubo irregularidades o incumplimientos contractuales por parte de Progen, en la instalación de plantas eléctricas dentro del plan de emergencia energética, en un contexto donde el país ha enfrentado apagones recurrentes y serios cuestionamientos a la gestión energética.

Por ahora, el contrato con Progen queda blindado políticamente. La fiscalización desde la Asamblea tendrá que esperar… o encontrar nuevos votos.