El Gobierno ecuatoriano anunció este jueves una medida contundente frente a lo que califica como una “impunidad judicial” que favorece al crimen organizado. A través de un comunicado oficial, advirtió que someterá a jueces, fiscales y sus allegados a investigaciones patrimoniales si otorgan libertad o medidas sustitutivas a personas acusadas de delitos graves como asesinatos, secuestros, extorsiones o narcotráfico.

La decisión se produce luego de que un juez dejara en libertad a uno de los sospechosos del secuestro de una comerciante china en Guayaquil, lo que provocó una reacción inmediata del Ejecutivo.

La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), en conjunto con el Ministerio del Interior, será la encargada de realizar estos controles como parte de una estrategia estatal para combatir los vínculos entre justicia y crimen.

“El análisis del origen patrimonial y la licitud de fondos se aplicará no solo a jueces y fiscales, sino también a su entorno”, señala el comunicado difundido por la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia.

El presidente Daniel Noboa ordenó esta acción luego de insistir en que la Policía Nacional ha tenido que capturar a los mismos delincuentes hasta diez veces. “Esto se acabó”, subraya el pronunciamiento oficial.

Además, se ha conformado una Mesa de Seguridad con participación del Ministerio del Interior, el Consejo de la Judicatura y la Fiscalía, para enfrentar lo que consideran una liberación sistemática de criminales peligrosos.

En un video publicado en redes sociales, el ministro del Interior, John Reimberg, aseguró que estas decisiones judiciales “obstaculizan la lucha contra la delincuencia y las mafias”. Por su parte, José Julio Neira, secretario de Integridad Pública y director encargado de la UAFE, señaló que operadores judiciales, abogados y empresas fachada se han beneficiado económicamente del crimen organizado durante años.

“No vamos a permitir que el sistema financiero y las instituciones del Estado sigan siendo usadas para encubrir el terror que viven los ecuatorianos”, advirtió Neira.