El expediente del caso Danubio continúa aportando información sobre lo que sería una operación política para que Sergio Peña, asambleísta recientemente expulsado de la Revolución Ciudadana (RC), accediera a un cargo directivo en el Servicio Nacional de Aduana (Senae) bajo la administración de Guillermo Lasso.

PRIMICIAS obtuvo acceso a cientos de mensajes de texto entre los ocho involucrados en la causa por asociación ilícita, en la que todavía está pendiente el juicio que involucra a Peña.

En este proceso, se juzgará principalmente el presunto plan que Peña y sus supuestos colaboradores habrían trazado para que fuera nombrado subdirector de operaciones del Senae, a cambio del pago de un soborno de 3 millones de dólares a María Antonieta R., asesora de Carola Ríos, exdirectora del organismo.

No obstante, los chats descubiertos muestran que esa no era la única opción sobre la mesa. Paralelamente, Peña, junto a John Navarrete y Víctor Limones —otros dos implicados— habrían impulsado un “Plan B” para que Peña ocupara la dirección del Senae, ofreciendo sobornos por al menos 35 millones de dólares.

Según la versión de María Antonieta R., las negociaciones para la subdirección comenzaron en agosto de 2021. Sin embargo, los mensajes entre Peña y sus contactos revelan que también buscaban influencias políticas directas, incluso a través de delegados presidenciales, para asegurar el cargo.

Los diálogos muestran que en septiembre de 2021 Peña y Navarrete intercambiaban informes sobre asuntos aduaneros, a pesar de que Peña no tenía vínculo oficial con el Senae en ese momento. En los meses siguientes, la conversación se enfocó en avanzar en su nombramiento, aunque con lentitud y dudas sobre la seriedad de las gestiones.

En febrero de 2022, Peña dejó entrever en un mensaje que su hoja de vida ya estaba en manos de personas con influencia en el Gobierno de Lasso. Sin embargo, expresó desconfianza y frustración porque sentía que perdían tiempo.

Poco después, Peña, Navarrete y otro implicado se reunieron en un hotel de Quito con un supuesto delegado presidencial para cerrar detalles, encuentro que fue vigilado y fotografiado por la policía. Sin embargo, el nombramiento nunca se concretó, ya que el decreto ejecutivo necesario nunca se emitió.

Durante las negociaciones, también se pidieron pruebas de solvencia económica para pagar los millonarios sobornos requeridos por el segundo plan, destinado a la dirección del Senae. Peña y sus asociados enviaron fotografías de fajos de dinero y comprobantes bancarios que supuestamente acreditaban esos fondos. Sin embargo, la Fiscalía determinó que todas esas pruebas eran falsas: imágenes tomadas de noticias de decomisos anteriores y documentos bancarios manipulados.

La investigación estableció que Víctor Limones fue el responsable de fabricar esas pruebas falsas y, tras aceptar su culpabilidad, se sometió a un procedimiento abreviado que le valió una condena de un año de prisión.

PRIMICIAS intentó obtener la versión de Sergio Peña sobre el caso, pero el legislador se excusó por estar en una reunión y no concretó una entrevista.

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