La presidenta de la Comisión de Seguridad de la Asamblea, Inés Alarcón (ADN), defendió con firmeza la controvertida Ley Orgánica de Inteligencia, que ya está en vigencia y enfrenta cuestionamientos por su posible impacto en derechos fundamentales.

La asambleísta aseguró que la norma fue construida en mesas legislativas de forma democrática y que respeta de forma expresa los derechos constitucionales de los ecuatorianos. “La única manera de desmitificar lo que se dice es revisar el articulado. El artículo 7 establece principios claros: legalidad, proporcionalidad y respeto a los derechos”, dijo en entrevista.

Uno de los puntos más polémicos es el artículo 51, que permite requerir información a operadoras telefónicas sin establecer de forma expresa que debe mediar una orden judicial. Alarcón aclaró que la ley “no contradice la Constitución”, y que el marco vigente ya exige orden judicial para interceptaciones. “No estamos reformando la Constitución. Esta ley se adapta a ella”, enfatizó.

La ley también permite clasificar información como reservada, secreta o secretísima por hasta 15 años. “Esto es por la naturaleza misma de la inteligencia. No podemos poner en riesgo a los informantes ni a su núcleo familiar”, sostuvo.

¿Un riesgo para la ciudadanía?

A quienes temen que este nuevo Sistema Nacional de Inteligencia (SNI) sea usado con fines de persecución como ocurrió con la extinta Senain, la legisladora responde: “Hoy no existe ni Dios ni ley en el sistema de inteligencia. Estamos dándole estructura, límites y atribuciones. No estamos creando un monstruo. Un Estado de derecho necesita un marco legal”.

Sin embargo, reconoció que todo sistema puede ser mal utilizado si cae en malas manos. “Por eso también hemos establecido controles, como el de la Asamblea, aunque sea bajo reserva, tal como lo dispone la Ley de Seguridad del Estado”, dijo.

Otro punto cuestionado son los llamados “gastos especiales”, antes conocidos como “gastos reservados”, que han sido sinónimo de corrupción en gobiernos anteriores. Alarcón indicó que estos fondos ya existen y que la ley no los crea, sino que los ajusta a normativas vigentes: “La única entidad que puede auditarlos es la Contraloría”.