La Comisión de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes de la Asamblea Nacional dio inicio al proceso de fiscalización sobre el cumplimiento de las medidas de reparación dispuestas para la niñez afectada por los mecheros petroleros en las provincias de Sucumbíos y Orellana.

En la sesión compareció Rodrigo Varela, delegado de la Defensoría del Pueblo, quien informó que la institución da seguimiento a la sentencia judicial que ordena el apagado progresivo de estos artefactos, los cuales han operado por más de cinco décadas en zonas habitadas. También indicó que se ha solicitado información a varios ministerios, entre ellos el de Salud, para verificar la atención brindada a los niños y adolescentes expuestos a los contaminantes.

El legislador Comps Córdova, impulsor del proceso de fiscalización, subrayó que el fallo judicial responde a una deuda histórica con las comunidades amazónicas, especialmente con la niñez que ha crecido expuesta a la contaminación de los mecheros sin una respuesta efectiva del Estado.

Durante la audiencia participaron también Kerly Herrera, Dannya Bravo y Liberth Jurado, representantes de la acción de protección que dio origen a la sentencia. Aunque destacaron el fallo favorable obtenido en 2023, denunciaron que hasta ahora no se ha dado cumplimiento real a las medidas dispuestas, y alertaron que incluso persiste un establecimiento educativo cercano a los mecheros, poniendo en riesgo la salud de los estudiantes.

Una de las principales demandas planteadas fue la construcción de un hospital oncológico en la provincia de Sucumbíos, con el objetivo de garantizar atención médica especializada en la región y evitar traslados forzosos hacia otras ciudades como Quito o Ibarra.

La comisión continuará con el proceso de fiscalización y requerirá informes adicionales a las instituciones competentes para verificar el avance de las acciones de reparación y garantizar la restitución efectiva de los derechos vulnerados.