La Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea Nacional recibió aportes técnicos de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) y expertos en seguridad vial, en el marco del análisis a la reforma del Código Orgánico Integral Penal (COIP), centrada en la recategorización de las contravenciones de tránsito.

Durante la sesión, Alejandro Lascano, director ejecutivo de la ANT, expresó su respaldo a la propuesta legislativa que busca reclasificar las infracciones en diferentes categorías. Señaló que estas modificaciones permitirán mejorar la seguridad vial, reducir la carga de los jueces de tránsito y establecer sanciones más proporcionales, como el trabajo comunitario.

Entre las observaciones presentadas, Lascano mencionó la necesidad de revisar las penas no privativas de libertad, redefinir las clases de infracciones, y fortalecer los procesos de impugnación. Según dijo, estos cambios contribuirán a una gestión más eficiente de la normativa vial.

Por su parte, el director ejecutivo de la AME, Esteban Orellana, recalcó la urgencia de actualizar el marco legal en concordancia con los recientes fallos de la Corte Constitucional. Afirmó que las sanciones deben estar acompañadas por medidas de prevención y educación, adaptadas a la realidad del transporte y al rol de los gobiernos locales.

El asambleísta Adrián Castro, proponente de la reforma, enfatizó en que la recategorización permitirá una aplicación más preventiva y pedagógica del sistema sancionatorio. Planteó la incorporación de nuevos elementos, como la reducción de puntos en la licencia, multas escalonadas, y agravantes por exceso de pasajeros o fallas mecánicas.

El experto en tránsito Pablo Cerón también intervino ante la comisión y subrayó la necesidad de sancionar con mayor severidad el exceso de velocidad, al ser una de las principales causas de siniestros en el país.

La presidenta de la Comisión, Lucía Pozo, anunció que se conformarán mesas técnicas para continuar recibiendo aportes al borrador del proyecto, con el fin de enriquecer el texto legal antes de su votación.